Narcopolicías y un sistema bajo sospecha: las preguntas que deja el escándalo por la quema de droga en Chaco

La prisión preventiva dictada para siete policías acusados de intentar sustraer cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez abre interrogantes de fondo que exceden el caso puntual y reavivan viejas sospechas sobre el destino de los estupefacientes secuestrados por la Justicia.

La decisión de la jueza federal Zunilda Niremperger de dictar prisión preventiva para los siete efectivos policiales acusados de intentar robar casi nueve kilos de cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez marca un punto de inflexión institucional en el Chaco. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el caso abre una serie de preguntas inquietantes que ahora la Justicia Federal deberá responder.

Tras una audiencia de más de seis horas, en la que cinco imputados declararon y dos optaron por el silencio, la magistrada avaló la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada —por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios encargados de perseguir este delito— y peculado, en concurso real. Todos continuarán detenidos. Pero el expediente deja expuesto algo más profundo que un intento de robo frustrado.

¿Qué se quemó realmente?

Uno de los interrogantes centrales es si, durante la quema judicial, podría haberse incinerado yeso u otro material en lugar de cocaína, sin que fuera advertido de inmediato. La explicación de uno de los acusados —quien sostuvo que llevaba un “ladrillo” de yeso para afilar una cuchilla de barbero—, aunque fue desestimada en principio por la acusación, instala una duda de enorme gravedad institucional. ¿Es posible peritar los restos de lo que ya fue quemado? ¿Existen mecanismos técnicos para determinar si lo incinerado coincidía efectivamente con la droga secuestrada? ¿O el sistema de destrucción de estupefacientes tiene vacíos que permiten maniobras de sustitución?

¿Desde cuándo ocurre?

Otra pregunta inevitable es desde cuándo podrían estar ocurriendo este tipo de maniobras. En los pasillos judiciales y policiales, desde hace décadas circula una frase repetida casi como leyenda urbana: “la droga no se quema”. Durante años fue tomada como exageración o conspiración. Hoy, el caso Chaco la convierte en una hipótesis verificable. Si siete policías se animaron a intentar una sustracción a plena luz del día, durante un acto oficial, con presencia de autoridades, funcionarios judiciales y medios de comunicación, ¿se trató de un hecho aislado o de una práctica naturalizada que falló por primera vez? ¿La responsabilidad escala?

El expediente también abre un debate incómodo dentro de la Justicia Federal. Si bien fue un secretario judicial quien advirtió las irregularidades y permitió frenar la maniobra, la responsabilidad objetiva del procedimiento recae en quienes lo organizan, controlan y certifican.

La pregunta es inevitable:

👉 Si la responsabilidad asciende a rangos superiores, ¿habrá una investigación real y profunda o el caso quedará encapsulado en los policías detenidos? Un espejo incómodo: el antecedente Scapolán.

El caso chaqueño dialoga de manera directa con antecedentes recientes a nivel nacional, como el del ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, destituido tras un jury histórico en 2023. Allí no se juzgó solo a un funcionario, sino —como definieron los propios acusadores— a “un sistema perverso y disparatado”, en el que fiscales, policías y estructuras estatales habrían robado cargamentos de droga para luego revenderlos, utilizando causas judiciales como pantalla. En aquel proceso se probó que desde el Estado se podían armaban esquemas criminales complejos, con protección política y judicial. El jury dejó una definición que hoy resuena con fuerza en Chaco: “Apartar a estos funcionarios implica evitar la mutación del Estado de Derecho a un Estado de violencia”.

La droga que se intentó hurtar podría ser destinada a la venta pero también a plantar drogas a víctimas ajenas a estos delitos, como ocurrió con Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio…

¿Un hecho aislado o un patrón nacional?

El escándalo de Colonia Benítez plantea una cuestión que excede a la provincia:

👉 ¿Lo ocurrido en Chaco pasa también en otros puntos del país?
👉 ¿Cuántas veces la droga secuestrada fue reemplazada, adulterada o desviada sin ser detectada? Durante 37 años, la sospecha circuló como un rumor. Hoy, con policías federales imputados, prisión preventiva dictada y una investigación en marcha, ya no puede ser descartada como mito.

Cinco de los siete acusados declararon y aceptaron preguntas. Son defendidos por Gabriela Tomljenovic y Olga Mongelós, los otros dos, por los abogados Ricardo Osuna y Juan Varas.

Un precedente que obliga a ir hasta el fondo

El intento de robo de casi 225 millones de pesos en cocaína durante una quema judicial no solo expone corrupción policial. Pone bajo la lupa todo el sistema de custodia, control y destrucción de estupefacientes y obliga a la Justicia Federal a demostrar si está dispuesta a investigarse a sí misma. La causa recién comienza. Y la pregunta que flota es tan simple como devastadora:
¿Qué pasa cuando quienes deben garantizar la ley son quienes la violan? Los siete policías imputados.

En el marco de la causa por el intento de sustracción de cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez, la Justicia Federal dictó prisión preventiva por 90 días para los siete efectivos policiales, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada —por el número de partícipes y por su condición de funcionarios encargados de perseguir estos delitos— y por peculado, en concurso real.

Imputados:

César Alegre, comisario

Lucas Exequiel Martínez, oficial principal

Gustavo Jesús Acosta, sargento

Néstor Ariel Urne Canteros, cabo

Juan Nicolás Almirón Núñez, cabo primero

Andrés Franco Ramírez, subcomisario

Gustavo Andrés Quizama, cabo.

Lugar de detención:

Prefectura Naval Argentina – Barranqueras:
Alegre, Martínez, Acosta, Urne Canteros y Almirón Núñez.

Gendarmería Nacional:
Ramírez permanece detenido en Formosa y Quizama en Las Lomitas.

Los siete integraban la Dirección General de Consumos Problemáticos (ex Drogas Peligrosas) de la Policía del Chaco y continuarán detenidos mientras avanza la investigación bajo el sistema acusatorio federal.

Imagen de portada: Shutterstock