Optimismo en el Gobierno tras la audiencia clave por la apelación del caso YPF en Nueva York
El Gobierno argentino expresó un fuerte optimismo luego de la audiencia realizada en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York por el juicio de la expropiación de YPF. Desde la Procuración del Tesoro destacaron que la defensa del país logró exponer con claridad sus argumentos y que las condiciones del proceso “no podrían ser mejores”.
El caso, que lleva más de una década en los tribunales de Estados Unidos, se centra en la demanda presentada por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos para litigar tras la estatización de la petrolera en 2012. En primera instancia, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones, cifra que podría aumentar a más de 18.000 millones con intereses.
Durante la audiencia, los tres jueces del tribunal –Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– mostraron especial interés en debatir si el caso debía haberse tramitado bajo la jurisdicción estadounidense o argentina, punto clave para la apelación del país. Fuentes oficiales sostuvieron que esa línea de cuestionamiento abre la posibilidad de que el fallo inicial sea revertido, e incluso anulado.
“Pudimos dejar en claro nuestros argumentos. Creemos que existe una gran posibilidad de que el tribunal considere que el proceso debió realizarse en Argentina”, indicaron desde la Procuración, encabezada por Santiago Castro Videla.
El impacto de la audiencia se reflejó en los mercados internacionales: las acciones de Burford Capital cayeron hasta un 15% tras la sesión, mientras que los papeles de YPF mostraron un repunte.
Por su parte, los abogados de Burford respondieron que el fallo de Preska “es sólido” y que la defensa argentina no aportó elementos nuevos que puedan cambiar el rumbo del caso.
Desde la Procuración insistieron en que Burford busca obtener una ganancia extraordinaria con una disputa que debería haber sido resuelta bajo ley argentina. “Compraron el reclamo por apenas 15 millones de euros y pretenden una ganancia superior al 37.000% a costa del pueblo argentino”, remarcaron.
El tribunal no tiene fecha definida para emitir su sentencia, aunque se estima que la resolución podría conocerse entre siete y nueve meses después de la audiencia, hacia mediados de 2026.
