Patricio Sabadini denunció al Secretario del Juzgado Federal N°2 por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”

Para el fiscal federal, el Secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del  Juzgado Federal N°2, Javier Fernando Pastore, no ejecutó debidamente las leyes y reglamentos como funcionario público y sus deberes y responsabilidades.

Sabadini entiende lisa y llanamente que Pastore “entorpeció u obstaculizó” el trámite procesal, evitando la intervención del Ministerio Público Fiscal como parte vital, legal y necesaria del proceso.

El Mal y la Ley en una sola persona

En el siglo XV, el derecho castellano e indiano contemplaba un procedimiento judicial conocido como el «juicio de residencia». Este proceso consistía en revisar las actuaciones de los funcionarios públicos al finalizar su mandato, escuchando todos los cargos en su contra y evaluando su desempeño.

Tras varios siglos de esta práctica, en la comarca de Presidencia Roque Sáenz Peña, un viento de cambio comenzó a soplar casi al finalizar el mandato del Subrogante Mianovich. Y los pasillos del juzgado federal volvieron a sentir el aroma de la libertad. Una dulce rebeldía, nacida de la paciencia y la resistencia de los oprimidos, comenzó a tomar forma, y a recordar deleitantes anécdotas de la gestión que se va (probablemente a la cárcel), sin pena ni gloria, triste como el atardecer de un domingo.

Pastore, Il commendatore

Durante dos largos años, una parte de la comunidad tribunalicia termal había soportado persecuciones y manipulaciones por parte del señor secretario comisionado Pastore, quien, a pesar de no ocupar un cargo permanente en Sáenz Peña, ejercía un control absoluto sobre el nuevo protectorado del imperio judicial de Mianovich a través de los «traslados en comisión», un sistema muy lucrativo de viáticos reservado para unos pocos agentes judiciales privilegiados.

Sin embargo, la llegada de un nuevo capítulo parece anunciar un cambio de rumbo, uno que devuelve la esperanza a aquellos que habían sido silenciados y marginados. Y que genera preocupación en los dueños del poder que se escurre como el agua entre sus manos.

«Ahora que se van, vamos a hablar» dicen aquellas voces liberadas por los nuevos vientos de cambio. ¡Hay que hacerles el juicio de residencia a estos tipos, hicieron mucho daño!

Para entender el final que se avecina -y recién se empieza a escribir-, es necesario recordar el principio. En octubre de 2022, la corrupción llevó a la eyección del ex conjuez Aranda.

Nota relacionada: https://www.clarin.com/policiales/escandalo-chaco-ex-juez-federal-borde-juicio-oral-proteger-narcos-encubrir-gendarmes-corruptos_0_xtwWIADhHX.html 

Cuando cayó en desgracia Miguel Ángel Aranda, en ese momento, los ahora salientes asumieron el control, autoproclamados como «la intervención» que iba a restaurar el orden de ese Juzgado “corrupto”.

Con la venia del Juez Ricardo Mianovich, el Comisionado Javier Pastore llegaba cada semana con su equipo de élite en un vehículo oficial para realizar auditorías en los expedientes sospechosos. Instaló una «oficina VIP» cuyo objetivo era encontrar errores e irregularidades que justificaran sumarios y denuncias contra empleados que habían cuestionado al ex conjuez Aranda, cercano al Juez Mianovich. Especialmente de quién o quiénes se atrevieron a atestiguar en la causa contra el conjuez federal. Miguel Aranda.

Un dato revelador sobre la conexión con el caso del ex conjuez Aranda es que su abogado tiene un pasado en común con el secretario comisionado aspirante a juez, Javier Fernando Pastore, ya que trabajó en su Secretaría Penal. Esto sugiere una posible red de influencias y lealtades que va más allá de la relación profesional.

Después de la salida de Aranda, el secretario Pastore fue comisionado a Sáenz Peña por órden de Mianovich y, en solo tres meses, iniciaron sumarios contra empleados penales. Estos sumarios se tramitaron durante varios meses hasta que decidieron avanzar sobre dos de ellos, ambos secretarios penales. Fue una persecución por hechos que ni siquiera eran delitos, y que en realidad podrían ser considerados en todo caso, como un accionar delictivo pero por parte de los acusadores.

Además, la Fiscalía de Sáenz Peña intervino en la investigación judicial, pero hasta el día de hoy no encontró ninguna prueba contra los acusados. Después de dos años de persecución, todos resultaron ser inocentes.

Es importante recordar que Miguel Aranda fue procesado por corrupción, asociación ilícita y abuso de autoridad. La jueza federal Zunilda Niremperger destacó que los elementos probatorios demostraban la existencia de una asociación ilícita y una estructura criminal que operaba desde al menos 2020.

Este caso revela un posible entramado de intereses y poder que llevó a la persecución de inocentes. Es fundamental mantener la transparencia y la justicia en el sistema judicial para evitar que estos abusos de poder continúen ocurriendo.