PJ Chaqueño en la mira: podrían suspender preventivamente todas sus candidaturas por incumplimiento de sentencia judicial
El Partido Justicialista de Chaco enfrenta un serio riesgo de quedar fuera de la carrera electoral.
Una presentación judicial realizada por el congresal provincial y nacional Jorge Gustavo Fernández, con patrocinio letrado del Dr. Rubén R. Ortiz, denunció el incumplimiento de la resolución dictada el pasado 18 de julio por el Juzgado Federal con competencia electoral, que ordenaba al PJ chaqueño dictar una normativa interna para regular la selección de candidaturas en el marco de la alianza “Amamos la Patria” (hoy Frente Fuerza Patria).
Según el escrito, el Partido Justicialista no cumplió con ninguno de los puntos clave ordenados por la justicia, entre ellos:
• No dictó normativa interna ni reformó su estatuto partidario.
• No convocó al Congreso Partidario para validar listas.
• Utilizó un mecanismo de selección reducido a una Mesa de Acción Política por mayoría simple, sin participación de las minorías.
La denuncia advierte que este incumplimiento vulnera principios democráticos internos y derechos constitucionales de los afiliados, y que podría derivar en la suspensión preventiva de la oficialización de todas las candidaturas del PJ chaqueño hasta que se acredite el cumplimiento integral de lo ordenado.
Precedentes similares ya han llevado a la Cámara Nacional Electoral a suspender listas en otros distritos por prácticas antidemocráticas internas. El petitorio solicita, además, la comunicación urgente a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral para garantizar la eficacia de la medida.
La presentación se fundamenta en varios artículos de la Ley 23.298 de Partidos Políticos, que exigen el respeto a la democracia interna, la representación de minorías y la fiscalización judicial para impedir abusos de poder dentro de las agrupaciones.
El fallo judicial que originó este conflicto había sido claro: sin cumplir las reglas democráticas internas, no hay candidaturas válidas. Ahora, la última palabra está en manos del Juzgado Federal.
