Procesan al jefe de Seguridad de Nordelta por encubrir a empresario investigado en causa por corrupción
El jefe de Seguridad del complejo Nordelta, Ariel De Vincentis, fue procesado por la Justicia Federal acusado de haber interferido en un operativo judicial para favorecer la fuga de uno de los empresarios investigados en la causa que involucra a la droguería Suizo Argentina y a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo imputó por desobediencia, encubrimiento y estorbo de acto funcional, luego de determinar que su accionar habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad a uno de los barrios privados del complejo. Esto habría dado margen para que Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios apuntados en la causa, pudiera abandonar el lugar.
Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad solo hallaron cajas fuertes abiertas en la vivienda del empresario. Mientras tanto, su hermano, Emmanuel Kovalivker, fue detenido mientras intentaba salir del barrio privado con dinero en efectivo, incluyendo 266 mil dólares y siete millones de pesos en sobres.
Las pruebas recolectadas —incluyendo videos de seguridad, peritajes de teléfonos y registros de ingresos y egresos— demostraron que el accionar de De Vincentis fue clave para anular el efecto sorpresa del procedimiento ordenado por el fiscal Franco Picardi.
Aunque el exagente de la Policía Federal declaró que se encontraba de vacaciones al momento de los hechos, asumió funciones operativas en el lugar, solicitando órdenes judiciales y cuestionando la presencia de las fuerzas. Además, según el fallo, desde el área de seguridad de Nordelta se habría convocado a la Policía Bonaerense con el argumento de que había personas intentando ingresar sin autorización judicial, lo que se comprobó luego que era falso.
El juez consideró que De Vincentis utilizó su cargo para entorpecer la actuación judicial y facilitar la evasión de uno de los principales sospechosos. En consecuencia, ordenó su procesamiento sin prisión preventiva y estableció un embargo sobre sus bienes por 2 millones de pesos.
Finalmente, Casanello se declaró incompetente para continuar con la investigación al tratarse de hechos ocurridos en jurisdicción de Tigre, por lo que el expediente será remitido a un tribunal correspondiente de esa zona.
