Tras la condena en Casación, Cristina impulsa tres jueces que la beneficiaron para completar el máximo tribunal penal

Una semana después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por corrupción en el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, el Consejo de la Magistratura, a través de la consejera kirchnerista Vanesa Siley, presentó el orden de mérito provisorio (ya que debe ser revisado por la siguiente instancia) para cubrir tres vacantes en el máximo tribunal penal. El listado está integrado por magistrados en diversos casos tomaron decisiones que beneficiaron a la ex vicepresidenta.

Por Lucía Salinas para CLARÍN

El listado, según el documento al que accedió Clarín, se encuentra encabezado por la jueza Gabriela López Iñiguez y le sigue el magistrado José Michilini.

Ambos integran tribunales orales en Comodoro Py en la actualidad, y fueron quienes firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner y otros ocho imputados, en la causa que se inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El delito atribuido a la ex vicepresidenta era el de encubrimiento del atentado a la AMIA.

Sin embargo, en 2023 la Sala I de la Cámara de Casación revirtió el fallo y ordenó la realización del juicio oral y público. La palabra final la tendrá la Corte Suprema.

Si bien la jueza López Iñiguez votó por penas reducidas en el caso de la Ruta del Dinero K -donde Lázaro Báez fue acusado por lavar 55 millones de dólares-, fue una de las magistradas que condenó a Julio De Vido en el juicio por la Tragedia de Once. Michilini también condenó a José López por enriquecimiento ilícito en el caso que tomó estado público por los bolsos que el ex funcionario K intentó esconder en un convento de General Rodríguez.

En el orden de mérito, en tercer lugar, se encuentra el fiscal Leonel Gómez Barbella, en su momento integrante de la agrupación K Justicia Legítima. Durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación (jefa de los fiscales) fue designado como Fiscal Federal en una fiscalía no habilitada en General Pico, y luego fue trasladado a Comodoro Py donde pidió indagatorias en la causa Papel Prensa. El sucesor de Gils Carbó, Eduardo Casal, lo trasladó a Santa Rosa.

Continuando con el orden de mérito que podrá ser impugnado en los próximos días, se encuentra el juez del Tribunal Oral Federal 3 Fernando Machado Pelloni. Hizo carrera en el Ministerio Público de la Defensa. De perfil más bien técnico, fue uno de los jueces -junto a Javier Ríos- que condenó a Ricardo Echegaray en la causa Oil, pero absolvió a los empresarios del grupo Indalo que no pagaron el impuesto a los combustibles líquidos a la AFIP, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El pasado 8 de octubre, la Corte revocó el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación que respaldaba el criterio de los jueces Pelloni y Ríos (Andrés Basso votó por condenar a todos los imputados). Se debe dictar, ahora, una nueva sentencia.

Un tribunal clave para los casos de corrupción

La Casación Federal es la instancia previa a llegar a la Corte Suprema de Justicia con algún reclamo. Tiene, entre sus responsabilidades, superintendencia sobre los Tribunales Orales que llevan adelante los juicios en Comodoro Py, donde se investigan los delitos de corrupción, lavado de dinero y el narcotráfico.

El máximo tribunal penal es de suma relevancia en el sistema judicial, sin embargo, tiene tres cargos para cubrir. Son en total doce los jueces que integran esta instancia y se produjeron en los últimos años, tres vacantes: se jubilaron las juezas Liliana Catucci, Ana María Figueroa (después de un período extenso en el que se negó a dejar su cargo pese a haber cumplido 75 años) y el magistrado Eduardo Riggi, a quién no le permitieron prorrogar su permanencia tras cumplir la edad jubilatoria que establece la Constitución Nacional.

La Casación Federal es la que otorga el doble conforme sobre las sentencias que se dictan en los juicios orales. Es la que el 13 de noviembre, a través de la Sala IV -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña- confirmó la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

La decisión de la consejera Siley tuvo diversas lecturas en Comodoro Py, teniendo en cuenta la altura del año y qué poco se avanzó en la conformación de ternas que el Consejo de la Magistratura remite al Poder Ejecutivo para que éste, a su vez, las envíe al Senado. En la Cámara Alta, todo es analizado por la comisión de Acuerdos y después va al recinto para su aprobación. Una vez que eso ocurre, vuelve al Ejecutivo para promulgar y publicar las designaciones en el Boletín Oficial.

Para que todo ese trámite se cumpla, el Consejo de la Magistratura debe conformar las ternas. En carácter de provisorio -porque rigen cinco días hábiles para que se presenten impugnaciones y eso lo revise otro jurado conformado por dos consejeros- la consejera kirchnerista impulsó una lista sugestiva. En algunos despachos de Comodoro Py creen que es una “respuesta directa al fallo del caso Vialidad”.

Entre una decisión y la otra sólo transcurrieron siete días. Ante la consulta de Clarín, en el Consejo de la Magistratura sostuvieron que son “acciones administrativas que siguen su curso”. Pero también, otra consejera que sigue de cerca los concursos señaló que “resultó llamativo el momento, la época del año y sobre todo, los nombres”.

“Fue casualidad o causalidad que la primera respuesta a la condena a Cristina Kirchner por el caso Vialidad fue la nominación de nuevos jueces con estos perfiles para la Casación Federal”, soltó un magistrado con larga trayectoria en Comodoro Py

En otro despacho del primer piso de los Tribunales de Retiro, donde funciona la Cámara de Casación Federal, se señaló sobre la situación: “Se trata de un tribunal clave para el avance de las causas de corrupción, narcotráfico, evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero, terrorismo, secuestros extorsivos, medio ambiente, lesa humanidad, y es última instancia para resolver las cuestiones de prueba -que son las determinantes para una condena o exculpación- en las causas de corrupción, ya que la Corte Suprema sólo entiende en cuestiones de derecho constitucional”.

Junto a las interpretaciones más políticas que se pueden realizar sobre las pieza que mueve el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que los números exponen la crítica situación que atraviesa la justicia en la actualidad.

En el Poder Judicial nacional y federal hay 278 puestos sin cubrir. El número representa aproximadamente un 30% de los despachos de jueces en diversos fueros que no cuentan con un titular. La sangría en la Justicia queda atravesada por la política en el Consejo de la Magistratura y en el Senado: durante la gestión anterior, Cristina Kirchner retuvo 85 pliegos. Comodoro Py es un escenario dramático de esos cargos sin cubrir: en instrucción hay cuatro cargos que se subrogan -de doce juzgados-, y si el juez Ariel Lijo logra ingresar a la Corte Suprema serán cinco los sillones vacíos en el fuero que investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Los números del Consejo de la Magistratura -que es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti- reflejan la crítica situación. En la actualidad hay 1.224 concursos abiertos. De ellos, 1.048 están concluidos y 176 en trámite. Durante los últimos años el Senado retuvo sin dar tratamiento 85 pliegos con ternas conformadas.

Lucía Salinas: Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales, lsalinas@clarin.com