VIDEO| El Gobierno anunció la privatización de AySA: la empresa estatal de agua vuelve al modelo de los ’90
El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso para privatizar el 90% del capital de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las principales empresas públicas del país, encargada del servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
La medida se inscribe en la política de desestatización que impulsa la administración de Javier Milei y replica, en muchos aspectos, el modelo de reformas estructurales implementado en los años ‘90 durante el gobierno de Carlos Menem.
De Aguas Argentinas a AySA: privatización, rescisión y estatización
El origen de AySA se remonta a la privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en 1993, cuando el Estado concesionó el servicio a la compañía francesa Suez, a través de la empresa Aguas Argentinas. La iniciativa formó parte del plan de reformas del Estado liderado por Menem y su entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi.
Ese esquema privatizador prometía eficiencia, desregulación, inversión extranjera y tarifas “realistas”. Sin embargo, tras años de conflictos por la falta de inversión, reclamos tarifarios y crisis económica, el gobierno de Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato con la empresa francesa en 2006 y creó AySA, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
El proceso no fue sencillo: en 2017, el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) falló en contra de la Argentina y a favor de Suez, condenando al país a pagar 384 millones de dólares por la ruptura del contrato.
Del déficit crónico al superávit: tarifas, recortes y menos obras
Durante gran parte de su historia como empresa estatal, AySA operó con fuertes déficits. Las tarifas subsidiadas, congeladas durante largos períodos como mecanismo para contener la inflación y proteger ingresos, no cubrían los costos del servicio.
Esto empezó a cambiar en 2022, cuando bajo la gestión de Malena Galmarini —entonces presidenta de AySA y esposa del ministro de Economía Sergio Massa— comenzaron aumentos graduales de tarifas y reducción de subsidios. Con la llegada de Javier Milei, esa política se profundizó drásticamente.
En 2024, las tarifas aumentaron un 317%, muy por encima de la inflación registrada (117,8%) y los salarios, lo que llevó a que la empresa registre un superávit operativo de $48.288 millones (unos 50 millones de dólares). Sin embargo, ese número se explica no solo por el incremento tarifario sino también por una fuerte reducción de gastos: se paralizaron obras, se recortó personal y se limitaron recursos para mantenimiento y vehículos.
Según estimaciones externas, el ajuste incluyó unos $650.000 millones en inversiones no realizadas. En el primer trimestre de 2025, AySA tuvo un superávit económico de $51.745 millones, aunque al contabilizar los gastos de capital, ese resultado se convirtió en un déficit financiero de más de $10.000 millones.
Lo que viene: privatización y modelo Milei
El Gobierno busca ahora avanzar con la venta del 90% del paquete accionario de AySA, que hasta hoy permanece en manos del Estado nacional (90%) y sus empleados (10%). La decisión se enmarca en la Ley Bases, que habilita la privatización de empresas públicas y retoma el argumento de que los servicios deben ser gestionados por el sector privado para reducir el gasto público.
AySA no solo es estratégica por la población que atiende —más de 14 millones de personas en el AMBA—, sino también por su peso en la matriz energética (es uno de los mayores consumidores industriales de electricidad) y por los intereses empresariales involucrados en su funcionamiento. Su principal proveedor es Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, fabricante de cloro para las plantas potabilizadoras.
Con este anuncio, el Gobierno da un paso más en su plan de reestructuración del Estado, en medio de un contexto social y económico en el que los servicios públicos, su precio y su calidad están en el centro del debate.
