El juez federal fue duramente cuestionado por una entidad que le pidió al Presidente “evitar una nueva frustración”; seis asociaciones extendieron el veto sobre García-Mansilla.
Publicado en LA NACIÓN
La candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia recibió otro fuerte rechazo este miércoles, esta vez de la mano de los abogados reunidos en la entidad Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica Asociación Civil, quienes advirtieron que el postulante elegido por el presidente Javier Milei “no reúne las condiciones éticas y morales imprescindibles que requiere esa función”. Por cuerda separada, otro conjunto de entidades le exigieron al Poder Ejecutivo que retire las candidaturas de Lijo y Manuel García-Mansilla, tras advertir que ninguno “cumple con las condiciones de idoneidad y compromiso con los derechos humanos” requeridas para integrar el máximo tribunal.
A través de una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmada por José María Soaje Pinto, Elena R. Genise, Pedro Pablo Pusineri, Guillermo Jesús Fanego y Luis Alberto López, Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica apela a su identificación “sin cortapisas” en apoyo a Milei, pero, al mismo tiempo, destaca “fervientemente” su oposición a la candidatura de Lijo, “por carecer de las virtudes éticas y morales necesarias en este momento de recuperación nacional y reconstrucción de los valores que hicieron grande a la Nación”.
En efecto, el grupo de abogados inicia su rechazo a la candidatura de Lijo remarcando que el juez federal se desempeñó “alejándose de la imparcialidad” y “siempre más próximo” a quienes impulsaron causas por delitos de lesa humanidad contra “integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad por las acciones llevadas a cabo contra el terrorismo subversivo”. Acto seguido, mencionan el caso Irene Barreiro, hija del represor Ernesto “Nabo” Barreiro, “perseguida y privada de libertad injustificadamente en el despacho del propuesto candidato [Lijo] para la realización de un examen de ADN”. Advierten que, transcurridos más de diez años en que quedó “claramente demostrada la mendacidad de la denuncia” sobre la identidad de Irene Barreiro, “el proceso no concluye pues el juez Lijo, vinculado con los organismos militantes del odio y la venganza, no dispone el sobreseimiento definitivo por inexistencia de delito”.
Luego de destacar la postulación a la Corte de Manuel García-Mansilla, “un catedrático que enaltecería al desprestigiado máximo Tribunal de la Nación”, los abogados alertan al gobierno de Milei que “el empecinamiento a la designación del juez Lijo sería parte de una negociación espuria contraria al programa político que la inmensa mayoría de la población eligió para cambiar los destinos sombríos que ensombrecen a nuestra Patria”. Señalan como ejemplo la reciente decisión del consejero de la magistratura Luis Recalde, exdiputado kirchnerismo y representantes de los abogados, quien se opuso en tratar una denuncia en el Consejo contra Lijo, precisamente, porque es postulado para la Corte.
“Nos encontramos, como sociedad, intentando salir del marasmo moral producto de años de gobiernos populistas que nos arrojaron una infestación como nunca en la historia, por ello, es preciso que se den claras señales del cambio que se pretende y que la sociedad añora. La propuesta del juez Lijo nos deja en el desconcierto de un claro retroceso en este proceso cuando solamente las mismas voces opositoras son las únicas que se hacen oír en favor de esta decisión del Poder Ejecutivo”, enfatizan.
Luego de señalar que la Corte no requiere de “miembros adictos” sino de “sujetos convencidos que han que restaurar valores morales a la sociedad a la que han corrompido sin imponer obligaciones”, el grupo afirma que la falta de seguridad jurídica del país “se agravaría” con Lijo en el máximo tribunal, y cierra impugnando la candidatura con un mensaje a Milei: “Rogando a las fuerzas del cielo que ayuden al Sr. Presidente a recapacitar sobre su decisión y evitar una nueva frustración a la ya malhadada consideración que la ciudadanía tiene de la Justicia”.
Rechazo a Lijo y García-Mansilla
Desde la otra orilla del pensamiento, seis entidades civiles, académicas y profesionales le exigieron al Presidente que retire ambas candidaturas, las de Lijo y García-Mansilla, tras reafirmar que “para integrar la Corte Suprema se requiere idoneidad y compromiso con los derechos humanos”. El documento es firmando por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Unión de Usuarios y Consumidores.
“La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Lijo ni García-Mansilla satisfacen ese estándar”, señalaron las entidades.
❗ Organizaciones de la sociedad civil exigimos al Poder Ejecutivo que retire las candidaturas de Lijo y de García-Mansilla, dado que Ninguno de los candidatos cumple con las condiciones de idoneidad y compromiso con los #DDHH requeridas para integrar la@CorteSupremaAR pic.twitter.com/SQHhOFKf3g
— INECIP (@INECIP) April 24, 2024
La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar.
“Lijo ha sido objeto de graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país”, indicaron.
Pero fueron más allá, al señalar que esas sospechas sobre el desempeño como juez de Lijo constituyen su “principal y casi único antecedente de relevancia”, dado que “su currículum vitae no muestra ningún otro mérito profesional o académico suficiente”.
En contraste, las entidades reconocen que García-Mansilla “cuenta con mayores antecedentes académicos”, pero advierten que “resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”. En esa lista incluyen su posición “originalista” para interpretar las cláusulas constitucionales de acuerdo al significado que las palabras tuvieron al momento de su redacción, quitando “toda posibilidad de interpretación dinámica” de la Constitución. También acusan a García-Mansilla de supeditar la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos a su compatibilidad con los “principios de derecho público”. Finalmente, advierten su posición contra el aborto legal “incluso en casos de abuso sexual” y completan: “Resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión.
Además de demandar que el Gobierno retire ambas candidaturas, las entidades señalan “la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema” y, en particular, “la nula diversidad de género” si prosperaran ambos postulantes. “La representación de personas con diversas procedencias y saberes también contribuiría a garantizar el principio de igualdad y a promover un debate más plural y diverso”, añaden.
“Por estos motivos, exigimos al Poder Ejecutivo que retire estas candidaturas y proponga personas que satisfagan los estándares que deben reunir quienes integren nuestro máximo tribunal y, en su defecto, al Senado de la Nación que rechace los pliegos enviados”, completaron.
Fuente: LA NACION
