El Gobierno Nacional pediría la renuncia del procurador Rodolfo Barra
Para entender el caso hay que remontarse a una obsesión que la Casa Rosada tuvo durante todo el 2024: los Registros del Automotor. Bajo la premisa de que eran cajas de la política y que, además, complicaban y encarecían los trámites, Milei ordenó el cierre de más de 136 agencias y su eliminación fue parte de la Ley Bases. Sin embargo, si bien se redujeron costos y hubo simplificaciones, aún no se pudo crear el Registro único, digital y remoto.
Los Registros del Automotor, desde hace décadas, trabajan asociados a un privado: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta entidad tenía contratados 2.500 empleados que brindaban servicios al Ministerio de Justicia y se encargaban de pagar los incentivos, un beneficio que se sumaba al sueldo de base. Gracias a estos extras, por ejemplo, un director de la cartera a cargo de Cúneo Libarona podía cobrar hasta el doble que un director de cualquier otro Ministerio.
El 31 de diciembre, el Ejecutivo dio de baja el convenio con ACARA y la mayor parte de los trabajadores fueron despedidos, mientras que algunos fueron contratados en la administración pública, no como planta permanente sino a través de un contrato, según dispone la Ley de Contrato de trabajo (LCT). El acuerdo fue respetarles el sueldo y dar de baja el incentivo, pero el salario cubriría entre el 80 y el 90% de lo que cada uno percibía cuando eran contratados por ACARA. Esto fue firmado por cada trabajador y convalidado ante el fuero laboral con un artículo que especificaba que, al aceptar las condiciones, no harían reclamos en el futuro.
Sin embargo, una agente, cuyas iniciales son A.T., hizo una presentación para pedir la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle el incentivo. Al ser un juicio contra la administración pública, al iniciarse el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro -cuyo trabajo es ser el abogado del Estado- que se expida respecto de este caso que eventualmente llegará a la justicia laboral. Y aquí es donde, entiende el Gobierno, comienza la acumulación de fallas imperdonables de Rodolfo Barra.
El ex ministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y va en contra de los intereses del Gobierno. Su argumento fue que el incentivo que recibía A.T. tenía carácter remunerativo y, por lo tanto, era válido el planteo y podía exigir que se le sea reincorporado. Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada le achacan a Barra que le dio pie al fuero laboral para fallar a favor de A.T.
En el Gobierno creen que está trabajando bien y solo le achacan que, al igual que con Yacobucci, había sido advertido por algunos comportamientos de Barra. Ahora, el futuro del Procurador es una incógnita. Pero en Balcarce 50 esperarán que ponga su renuncia a disposición.
Fuente: Infobae
