Crece el Escándalo en la Fiscalía de Estado del Chaco
El rumor indica que el Fiscal de Estado podría enfrentar Juicio Político por probable Manejo Irregular de Fondos Públicos
La polémica en torno a las irregularidades salariales en la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco continúa escalando. Luego de que la Justicia confirmara la existencia de pagos arbitrarios y trato desigual en la asignación de bonificaciones, ahora expertos en derecho constitucional y administrativo advierten que el Fiscal de Estado podría ser sometido a juicio político, o bien debería presentar su renuncia, ante la gravedad de las irregularidades detectadas.
El origen del conflicto: Bonificaciones discrecionales y falta de transparencia
El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (Sentencia N° 11/2025) dejó en evidencia que la Fiscalía de Estado aplicó criterios arbitrarios en la liquidación de la Bonificación por Dedicación (código 120), pagando un 50% a algunos agentes y apenas un 25% a otros con idénticas funciones y responsabilidades.
Sin embargo, el escándalo se agrava al comprobarse que funcionarios de alto rango, incluyendo al Fiscal de Estado, Subfiscales y otros jerárquicos, perciben bonificaciones superiores al 50%, sin cumplir la misma carga horaria que el resto de los agentes y sin justificar de manera documentada la mayor dedicación horaria o tareas extraordinarias que ameriten ese privilegio salarial.
La falta de transparencia como causal de juicio político
Conforme explican especialistas en derecho público, la Constitución de la Provincia del Chaco, en su artículo 148, establece que el Fiscal de Estado puede ser sometido a juicio político por:
• Mal desempeño de sus funciones.
• Incumplimiento de sus deberes legales.
• Comisión de delitos en el ejercicio del cargo.
En este caso, la falta de transparencia, el manejo discrecional de fondos públicos, la discriminación salarial arbitraria y la negativa sistemática a brindar información pública sobre los criterios de liquidación de bonificaciones constituyen causales suficientes para configurar mal desempeño e incumplimiento de deberes legales, habilitando el pedido de juicio político.
El principio de igualdad y el uso honesto de los recursos públicos, en juego
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 16 de la Constitución Provincial consagran el principio de igual remuneración por igual tarea. Sin embargo, la propia Justicia chaqueña determinó que en la Fiscalía de Estado se violó sistemáticamente este principio, favoreciendo a ciertos funcionarios con pagos diferenciados sin justificación objetiva.
Además, la Ley 1774-B de Acceso a la Información Pública de la provincia garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se manejan los recursos estatales. La negativa del Fiscal de Estado y sus colaboradores a brindar copias de las resoluciones por las cuales se autoasignaron bonificaciones superiores, refuerza la sospecha de irregularidades y consolida la causal de mal desempeño.
Preguntas sin respuestas
A pesar de los reiterados pedidos de la prensa, el Fiscal de Estado y los funcionarios de alto rango se han negado a explicar cómo y por qué perciben bonificaciones superiores al 50%, mientras la mayoría de los profesionales y administrativos del organismo son relegados a un 25% por la misma tarea.
La negativa a exhibir los instrumentos públicos que justificarían estos pagos, ¿esconde un mecanismo discrecional de privilegios incompatible con la ética pública y el manejo honesto de los fondos estatales?
Estas son algunas de las preguntas que el Fiscal de Estado sigue sin responder
• Por qué el Fiscal de Estado y sus funcionarios de confianza se niegan a publicar las resoluciones internas que justifican el pago de bonificaciones superiores al 50%?
• ¿Cómo explican que funcionarios jerárquicos cobren esos adicionales sin registrar asistencia, sin control horario y sin acreditar tareas extraordinarias?
• ¿Qué tareas o responsabilidades adicionales cumplirían estos funcionarios que justifiquen esas diferencias salariales?
• ¿Cuáles son los criterios objetivos utilizados para otorgar y fijar esas bonificaciones?
• ¿Qué rol cumplen la¿ Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas y la Auditoría General ante estas maniobras?
• ¿Cómo se encuadra este manejo discrecional en un contexto de crisis fiscal y ajuste presupuestario?
El pedido de renuncia y la posibilidad del juicio político
Frente a este panorama, juristas locales y organizaciones defensoras de la transparencia pública anticipan que las irregularidades detectadas justifican:
1. Un pedido público de renuncia al Fiscal de Estado.
2. La presentación de una denuncia formal ante la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Asuntos Constitucionales evalúe la apertura de un procedimiento de juicio político.
El juicio político, regulado por la Ley 833-A, es el mecanismo previsto para destituir a los funcionarios de alto rango que incumplen sus deberes o desvían la función pública para fines particulares. En este caso, las maniobras detectadas en la Fiscalía de Estado encuadrarían claramente en la causal de mal desempeño, tal como lo prevé la Constitución chaqueña.
La ciudadanía merece respuestas
El escándalo de las bonificaciones irregulares, sumado a la negativa de brindar información pública, no es solo un problema salarial o administrativo: es una violación al principio republicano de transparencia y honestidad en la gestión de los recursos públicos.
En una provincia donde los fondos estatales son escasos y los trabajadores debieron enfrentar la devaluación, la existencia de un sistema de privilegios salariales opacos es inaceptable.
El silencio del Fiscal de Estado y de sus colaboradores solo agrava las sospechas y confirma la urgencia de un cambio de rumbo.
La ciudadanía merece respuestas claras y la garantía de que el manejo de los fondos públicos será transparente, equitativo y ajustado a derecho.
¿Iniciarán los legisladores el camino hacia el juicio político o el Fiscal de Estado dará un paso al costado antes de que el escándalo escale aún más?
La respuesta, por ahora, sigue envuelta en el mismo silencio que oculta las resoluciones de las bonificaciones millonarias.
*Irregularidades en la Fiscalía de Estado: bonificaciones millonarias discrecionales, falta de transparencia y violación al principio de igualdad salarial.
*Funcionarios de alto rango cobran bonificaciones mayores al 50% sin justificar mayor carga horaria ni registrar asistencia.
* ¿Por qué el Fiscal de Estado se niega a publicar las resoluciones que justifican esos pagos?
*¿Qué rol juegan los organismos de control ante estas maniobras?
*¿Cómo se explica esto en medio de la crisis económica y ajuste estatal?
La ciudadanía merece transparencia y respuestas.
