El Gobierno eliminó las indemnizaciones y avanza con el Fondo de Cese Laboral
Los bancos deberán abrir cuentas especiales para administrar los aportes. Sindicatos denuncian un “negocio financiero” a costa de derechos laborales.
El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la implementación del Fondo de Cese Laboral, un nuevo régimen que reemplaza el sistema tradicional de indemnización por despido. La medida fue oficializada mediante una comunicación del Banco Central publicada en el Boletín Oficial y reglamenta lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley Bases (Ley 27.742) y el Decreto 847/2024.
A partir de ahora, los bancos comerciales estarán obligados a habilitar cuentas específicas para gestionar los aportes de este fondo, que podrá tener un carácter individual o colectivo, según lo que establezca cada convenio colectivo de trabajo. El sistema tiene como objetivo generar una “acumulación anticipada” de fondos para cubrir eventuales desvinculaciones laborales.
En el esquema individual, cada trabajador tendrá una cuenta a su nombre donde se acreditarán los aportes. En el modelo colectivo, será una entidad designada por el convenio quien administre los fondos. En todos los casos, las cuentas solo podrán recibir depósitos del empleador o, si se acuerda, también del trabajador.
Además, los bancos deberán abrir estas cuentas de manera ágil y enviar resúmenes mensuales electrónicos detallando movimientos y saldos, tanto en pesos como en su equivalente en UVA. También deberán garantizar el acceso a esa información vía home banking o mobile banking.
Desde el punto de vista tributario, los pagos que se realicen al trabajador como parte de este fondo recibirán el mismo tratamiento impositivo que las indemnizaciones tradicionales, según lo establecido por el decreto reglamentario. El nuevo régimen también puede aplicarse de manera retroactiva, si existe un acuerdo mutuo entre las partes.
Críticas: «Se elimina un derecho histórico»
El avance del Gobierno con esta reforma generó fuertes cuestionamientos desde sectores sindicales y de la izquierda. “Se elimina un aspecto clave del derecho laboral y se abre otro negociado para la especulación financiera”, advirtieron dirigentes gremiales.
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA), sostuvo que el nuevo sistema “busca reducir los costos de las indemnizaciones para las empresas”, pero se implementa “en un contexto de recesión y retiro voluntario masivo que disfraza despidos”, lo cual debilita la capacidad de lucha sindical.
Crespo comparó el mecanismo con las AFJP, y advirtió que “se consolida un régimen laboral más precario, flexible y favorable al capital financiero”.
En la misma línea, el economista y dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal, cuestionó que “no hay garantía mínima del monto indemnizatorio, y se habilita que los trabajadores aporten voluntariamente, lo que implica que podrían terminar financiando su propio despido”. También señaló que los bancos y fondos de inversión serán los principales beneficiarios del sistema.
Daniel Yofra, secretario general del gremio aceitero, calificó la medida como “un ataque directo a la estabilidad laboral”. Y aunque el gobierno sostiene que no afectará a los trabajadores contratados antes de julio de 2024, “las patronales buscarán reemplazarlos para evitar los costos del régimen anterior”, alertó.
Inversiones con aportes laborales
En paralelo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió una consulta pública para definir cómo funcionarán los nuevos Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, lo que genera preocupación por el uso de estos fondos en los mercados de capitales.
Para los sindicatos, el nuevo esquema no solo debilita derechos, sino que transforma el ahorro laboral en un negocio financiero, administrado por bancos y fondos de inversión que buscarán rentabilidad a partir del dinero destinado a cubrir despidos.
Con información de Ambito
