La provincia más pobre de Argentina gasta 413 millones en el Comité para la Prevención de la Tortura
COMITE PROV PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA
El Comité para la prevención de la tortura de Chaco fue creado a través de la Ley Provincial 3264-B, “nuestro fin es prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”, indica en su página web.
Funciona en Colón 40, en la ciudad de Resistencia, con unos 20 empleados contratados.
RECTIFICAMOS CANTIDAD DE EMPLEADOS
En la nota original, por un error de involuntario, confundimos un número de código con la cantidad de empleados. No se trata de 110 empleados de planta ni 120 contratados, sino de un código.
“Somos una entidad pública, autárquica y autónoma, abocada a la lucha por una sociedad sin tortura ni malos tratos. Nuestra finalidad es fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de sus condiciones de detención”, indica en su página web.
El presupuesto para el año 2024 es de $ 413.099.032
El presupuesto del año en curso alcanza esta cifra, sin incluir el pago de 120 empleados contratados que se pagaría por otra jurisdicción del Estado chaqueño. Para 110 trabajadores de planta permanente, se destinarían 64.299.032 de pesos. En otro item, denominado «Servicios Técnicos y Profesionales», se destinarán 109.255.999 de pesos, suponemos que semejante suma está destinada a pagar honorarios de peritos, médicos y abogados.
Un estudio realizado por la organización internacional Unicef reveló que la situación económica y social en la Argentina es de tal gravedad que 1 millón de niños se van a dormir sin cenar.
Es entendible que un grupo minoritario de personas y profesionales tenga interés en los presos y no en los niños desnutridos o en las personas que no tienen acceso al agua potable, uno de los Derechos Humanos más importantes y vitales, al menos así lo entiende la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/64/292, cuando asume que el agua potable pura y el saneamiento, son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Pero que lo financien ellos con fondos propios o vendiendo empanadas y pastelitos, pero esos 413 millones de pesos que se gastarán este año 2024 en controlar y monitorear o atender denuncias que la Fiscalía de Derechos Humanos de la Justicia provincial, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno y el Tribunal de Cuentas bien podrían hacerlo, es un despropósito.
Velar por las condiciones de los delincuentes antes de los niños desnutridos, de mínima, parece una hijaputez propia de la era kirchnerista que pregonó más derechos y más inclusión, al mismo tiempo que sobrefacturaban servicios y se enriquecían haciendo todo lo contrario a lo que predicaban.
Por otra parte, aunque este Comité tiene fundamentos en tratados internacionales es menester tener presente que la doble vara nos es solo de Argentina, porque estos mismos tratados y derechos que invoca la extrema izquierda en nuestro país, no se cumplen en Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde existen las mayores violaciones a los Derechos Humanos de toda América. Esto valga como antecedente para que nuestro país de por finalizados estos tratados que ponen el carro delante del caballo, o a los delincuentes por delante de la gente honesta y trabajadora.
Esto no implica desconocer que las cárceles deben ser lugares de rehabilitación donde los reos tengan tratos humanos, pero otra cosa es ponerlos en situación de “premiados” por sus delitos, no solo percibiendo un sueldo sin trabajar, sino ocupando importantes sumas de dinero que el Estado bien podría destinar a alimentar a la población indigente, a la Salud o a la Educación.
Volviendo al origen del Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, es imprescidible recordar que uno de sus creadores, Mario Bosch, usaba su propio automóvil o le prestaba otro abogado «fundador» de este organismo, pagando de sus bolsillos la nafta para viajar al interior.
Que la Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Derechos Humanos y otros organismos competentes, se pongan el overol y hagan el monitero necesario para evitar gastos innecesarios del Estado provincial.
Que pocos serios que son, nada más mentiroso que lo que publican, citen fuentes al menos, el Comite no tiene ni estructura de cargos, son menos de 40 empleados todos con contrato de obra y sumamente precarizados.
Es cierto, nuestro error fue involuntario y ya está corregido, sin embargo el presupuesto es real. La desaparición de aires acondicionados es real, los gastos en viajes y otros rubros, son dudosos, como un viaje a Estados Unidos y hay más si se investiga.
Es un orgullo y un ejemplo para todo el país el funcionamiento del mecanismo local para la prevención de la tortura del Chaco.
Sólo alguien ignorante o mal intencionado puede escribir una nota como ésta.
Mis respetos desde Tucumán al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco de quienes tenemos mucho que aprender.
Orgullo para los defensores de Delincuentes. Trate Ud de fundamentar más su posición, NO hay cómo justificar la superposición de funciones y el innecesario GASTO del Estado, somos la provincia más pobre de Argentina, quizá Ud ignore essta realidad. Quizá Ud ignore que el Comité tiene jurisdicción en Chaco y no tiene porqué pagar viajes a EEUU, por ejemplo. Es más, el Comité puede existir, pero con el dinero de los que quieren defender a Delincuentes Y NO se ocupan de las VÍCTIMAS. Ud quizá NO se haya expresado contra el violador, ex gobernador y ex senador tucumano y quiera velar por su situación de reclusión, hágalo, no será llamado ignorante por eso, pero con SU dinero, NO con dinero del Estado.