El Gobierno dio de baja tres obras sociales y avanza con el reordenamiento del sistema de salud
El Gobierno nacional oficializó este martes el inicio del proceso de baja de tres entidades de medicina prepaga del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), una medida que fue publicada en el Boletín Oficial y que se enmarca en el plan de reordenamiento del sistema de salud impulsado desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.
La decisión fue comunicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que informó que se avanzará con el rechazo de la inscripción definitiva y la eliminación del registro provisorio de Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA).
De acuerdo al edicto oficial, estas entidades no cumplirían con los requisitos establecidos por la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de la medicina prepaga en la Argentina. Desde el Gobierno señalaron que, al momento de la evaluación, ninguna de las firmas registraba afiliados activos, situación que motivó la medida administrativa.
En el caso de Sancor Medicina Privada S.A., se trata de una unidad antigua del Grupo Sancor, diferente de la Asociación Mutual Sancor Salud, que actualmente concentra la oferta principal de servicios de salud del grupo. Una situación similar se presenta con Staff Médico S.A., empresa que fue adquirida recientemente por Sancor Salud y cuya cartera de clientes fue absorbida por esa mutual.
Distinto es el escenario de la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). Si bien no opera como una prepaga privada tradicional, su inscripción en el RNEMP estaría vinculada a la prestación de coberturas adicionales voluntarias. La baja del registro podría tener impacto en algunos afiliados que accedían a servicios complementarios bajo ese esquema.
Desde la Superintendencia remarcaron que el objetivo de estas acciones es depurar el padrón de entidades, fortalecer los mecanismos de control y garantizar mayor transparencia en el sistema, evitando la permanencia de prestadores que no cumplen con los parámetros legales vigentes.
