Atentado contra CFK: investigan irregularidades en la custodia del teléfono de Sabag Montiel tras el ataque
La investigación por el intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo y delicado capítulo. Un informe técnico de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Abasto Shopping mientras su propietario ya se encontraba detenido en las inmediaciones del domicilio de CFK, la noche del 1 de septiembre de 2022.
El hallazgo se produjo en el marco de la causa que encabeza la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer quién tuvo en su poder el dispositivo y qué ocurrió durante el lapso en el que no estuvo bajo resguardo judicial. El dato resulta clave, ya que compromete la cadena de custodia de una de las pruebas centrales del expediente.
Según el análisis técnico realizado por Gendarmería, a partir del material forense remitido por el Tribunal Oral Federal N° 6, el celular intentó conectarse a la red wifi del Abasto Shopping a las 22:38 del 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel ya había sido aprehendido desde las 21. Además, se detectaron otros eventos durante la madrugada del 2 de septiembre, incluyendo la eliminación del correo vinculado a su cuenta de Instagram.
La secuencia reconstruida indica que entre el atentado y el secuestro formal del teléfono transcurrieron más de tres horas sin controles técnicos adecuados. Durante ese período, el dispositivo habría sido manipulado en reiteradas oportunidades y, según testigos, Sabag Montiel no permaneció esposado ni incomunicado de forma permanente. Recién a las 00:23 del 2 de septiembre se confeccionó el formulario oficial de cadena de custodia.
Estas inconsistencias generaron contradicciones entre los efectivos intervinientes sobre el estado del teléfono, si estaba encendido, apagado o dañado, lo que pone en duda la integridad de la prueba digital. Incluso, personal de Gendarmería y testigos del procedimiento denunciaron haber recibido amenazas tras exponer estas irregularidades.
Cabe recordar que en octubre pasado el TOF N° 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto. Sin embargo, la reapertura del análisis sobre la custodia de la prueba podría reavivar cuestionamientos sobre el accionar policial y el desarrollo inicial de la investigación.
En ese marco, Capuchetti amplió el foco de la causa, incorporando el estudio de las fallas en la preservación de la evidencia y nuevas líneas de investigación vinculadas a las comunicaciones del acusado, algunas de ellas con números asociados a la Universidad Nacional de San Martín. La Justicia busca ahora determinar con precisión qué ocurrió con el teléfono en ese período crítico y quiénes fueron responsables de su manejo.
