Denunciaron a un trabajador judicial por violencia de género y misoginia

Infoqom pudo acceder a la denuncia de una mujer de la ciudad de Resistencia hacia su ex pareja, Lucas Martín Simoni de 34 años, por una serie de presuntos episodios de violencia psicológica, amenazas, hostigamiento y conductas misóginas extremas que, según consta en la presentación judicial realizada en la UDAVC Centro, se habrían extendido durante gran parte de la relación, tal consta en la denuncia.

De acuerdo con la denuncia, la víctima aseguró que “decidió terminar el vínculo debido al constante maltrato verbal y psicológico que sufría”. En el escrito presentado ante las autoridades, sostuvo que el denunciado “la insultaba de manera reiterada, llamándola “puta” y “prostituta”, además de «despreciar sistemáticamente a las mujeres y realizar comentarios violentos y degradantes”.

Uno de los aspectos más alarmantes del relato apunta a que el denunciado “trabajaría en la fiscalía Nª 9 de la capital chaqueña», situación que —según la denunciante— «habría sido utilizada por el hombre para intimidarla y desalentar cualquier intento de denunciarlo. “Nadie te va a creer”, habría repetido el acusado, de acuerdo al documento presentado.

La denuncia también describe presuntas amenazas de extrema gravedad. La mujer afirmó que el hombre “le enviaba fotografías de víctimas de femicidios y expedientes judiciales de mujeres golpeadas o asesinadas, acompañadas de mensajes intimidatorios como: “Así vas a terminar vos”. “las pruebas donde él me mandaba de las víctimas fotos videos y eso fueron por whatsapp o instagram y la mayoría de las veces en persona. Pero no quedó al haber yo eliminado los chats cuando nos separamos en octubre del año pasado” dijo a Infoqom. Además, aseguró que el acusado manifestaba «odio hacia las mujeres y realizaba comentarios naturalizando la violencia de género” diciendo que son «negras de mier…, p… o que «merecen estar muertas». Asimismo relató a Infoqom y consta en el expediente judicial que «también Simoni hacia hincapié en que el día más feliz de su vida iba a ser cuando vea a su mamá muerta».

Según el testimonio incorporado al expediente, el hostigamiento habría continuado incluso después de la separación. La denunciante sostuvo que el hombre “la perseguía, la acosaba mediante mensajes, controlaba sus vínculos personales, aparecía en su domicilio y lugares frecuentados por ella. También afirmó que él la amenazaba con difundir imágenes íntimas y fotografías privadas del tiempo en que eran pareja”.

En otro tramo de la denuncia, la mujer señaló que “el acusado consumía cocaína y alcohol de manera frecuente, por lo que que sus episodios de agresividad aumentaban en ese contexto. Relató además situaciones humillantes y degradantes ocurridas durante la convivencia, así como ataques verbales constantes vinculados a celos y control obsesivo». Incluso relató a Infoqom «Lucas ejerció violencia física en esas situaciones”.

El documento judicial expone además acusaciones de “misoginia extrema y violencia simbólica, incluyendo comentarios denigrantes hacia compañeras de trabajo y otras mujeres, así como expresiones ofensivas y amenazas reiteradas, como con esta…. Y “a ésta te la dejo a vos”.

Sumado a lo cual, la denunciante revela que «Simoni consume cocaína y va a trabajar en esas condiciones y a nadie le sorprende. Incluso denunció temas escatológicos que están detallados en la denuncia».

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la víctima solicitó medidas de protección (si le instalaron el botón antipánico en su celular) y restricción de acercamiento la que no fue otorgada hasta el momento. La causa quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, que deberán investigar las acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Según le contaron a la víctima, «Simoni con parejas anteriores también tiene al menos una denuncia de violencia de género que está archivada y otra realizada en la comisaría, “casualmente” nunca llegó a la fiscalía.

El caso genera preocupación debido a la violencia descripta en la denuncia y por el hecho de que el acusado se desempeñaría dentro del ámbito judicial, un entorno que debería garantizar protección y contención para las víctimas de violencia de género.