Ordenaron liberar a Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil por injurias raciales
La Justicia de Brasil ordenó este viernes la liberación de Agostina Páez, la ciudadana argentina que había sido detenida en Río de Janeiro en el marco de una causa por injuria racial, un delito equiparado al racismo en la legislación brasileña. La medida dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal, pese a que la joven ya se encontraba sometida a estrictas medidas cautelares.
Según confirmó su abogado defensor, Sebastián Robles, la orden judicial fue dictada alrededor de las 16.30 (hora argentina), luego de que Páez permaneciera varias horas alojada en una comisaría carioca. Para el momento de conocerse la resolución, solo restaban cumplirse trámites administrativos para que pudiera recuperar la libertad.
La detención se había producido apenas 48 horas después de que la fiscalía solicitara su prisión preventiva, a pesar de que la joven de 29 años tenía colocada una tobillera electrónica, residía en un domicilio fijo y tenía prohibido salir del país. Esa situación motivó una presentación de la defensa, que cuestionó la necesidad y proporcionalidad de la medida.
Si bien se ordenó su liberación, aún resta definir si continuarán vigentes las restricciones impuestas con anterioridad, entre ellas la prohibición de abandonar Brasil y el monitoreo electrónico. Esa definición, indicaron fuentes cercanas al caso, se conocerá en las próximas horas. Más temprano, la Justicia brasileña había rechazado un pedido para que la acusada pudiera regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país.
El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso. El delito que se le imputa prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y no contempla la excarcelación bajo fianza.
Desde mediados de enero, Páez se encuentra impedida de salir de Brasil. En una primera etapa se le retuvo el pasaporte, luego se dispuso la colocación de una tobillera electrónica y, aunque su documento fue devuelto, la restricción migratoria continuó vigente. A esta situación judicial se sumaron episodios de inseguridad en el departamento donde se alojaba, lo que derivó en una mudanza y en la creciente preocupación de su familia, que evalúa viajar para acompañarla.
La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no interviene en el proceso judicial. Mientras tanto, la defensa sostiene que la joven siempre se sometió al proceso y cuestiona que la prisión preventiva haya sido solicitada cuando no existían riesgos procesales evidentes.
