ARCA obliga a directores, abogados y peritos a facturar desde julio de 2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso que, a partir del 1° de julio de 2026, directores de sociedades, socios gerentes, abogados y peritos que perciban honorarios deberán emitir factura electrónica e inscribirse en IVA exento. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5824/2026 y forma parte de una estrategia para fortalecer el control fiscal e incorporar estos ingresos al Régimen de Ganancias Simplificado.
Uno de los cambios más relevantes es el fin de la exención que alcanzaba a directores de Sociedades Anónimas (SA) y socios gerentes de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), quienes hasta ahora no estaban obligados a facturar esos honorarios. Con la nueva normativa, deberán registrarse y emitir comprobantes, aun cuando realicen operaciones esporádicas.
El tributarista Hernán D’Agostino advirtió que la disposición implicará una carga administrativa adicional, incluso para quienes facturen solo una o dos veces al año.
La resolución también incluye a abogados, peritos y auxiliares de la Justicia que cobran honorarios judiciales, un sector que históricamente contaba con excepciones. Desde ARCA buscan que esos ingresos queden automáticamente registrados en el sistema y se integren de manera directa a las declaraciones juradas, reduciendo la dependencia del cruce de información con sociedades.
La norma no impactará en la declaración de Ganancias 2025, cuyo vencimiento opera en junio, ya que regirá únicamente para operaciones realizadas desde julio de 2026.
En paralelo, se refuerzan los controles sobre facturas a consumidor final: para computarlas en Ganancias será obligatorio consignar CUIT o CUIL, y en operaciones superiores a $10 millones deberán incluirse datos identificatorios completos.
Además, se eliminan excepciones vigentes para colegios privados, empresas de medicina prepaga y entidades civiles, que deberán facturar electrónicamente los pagos directos. Con estas modificaciones, ARCA avanza en la digitalización del sistema tributario y en el cierre de áreas no registradas a partir del segundo semestre de 2026.
