Bullrich cuestionó al feminismo militante y reclamó penas más duras para violadores y asesinos
La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a defender la política de seguridad del Gobierno nacional y sostuvo que los responsables de delitos sexuales y homicidios deben recibir condenas efectivas de prisión. Además, cuestionó a sectores del movimiento feminista durante una nueva movilización de Ni Una Menos.
La dirigente de La Libertad Avanza publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó el enfoque de seguridad impulsado por la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que la prioridad debe ser garantizar castigos para quienes cometen delitos graves.
En ese contexto, afirmó que “un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, una frase que rápidamente generó repercusión en el debate público.
La legisladora también destacó medidas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas el fortalecimiento del sistema penitenciario y la creación del Registro de ADN para Violadores. Asimismo, sostuvo que durante la actual administración se produjo una reducción de los femicidios, aunque esa afirmación forma parte del debate político entre oficialismo y oposición.
Durante su publicación, Bullrich apuntó contra sectores feministas que participaron de las marchas realizadas en distintos puntos del país por el aniversario de Ni Una Menos. Según expresó, existe una distancia entre los reclamos de esas organizaciones y los resultados concretos en materia de seguridad.
Además, hizo referencia al crimen de una adolescente ocurrido en la provincia de Córdoba, al señalar que la responsabilidad penal debe recaer sobre los autores de los hechos y no sobre factores generales o colectivos. En ese sentido, insistió en que delitos de extrema gravedad deben recibir condenas severas y cumplimiento efectivo de las penas.
Las declaraciones se produjeron en medio de una jornada marcada por movilizaciones y debates sobre las políticas públicas vinculadas a la prevención de la violencia de género, la seguridad y el sistema judicial.
