Capitanich y Marta Soneira fueron procesados por presunto fraude con tierras fiscales en Chaco
Golazo del fiscal Carlos Amad
La Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, con la firma del conjuez Fernando Carbajal, dictó el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich, la exministra Marta Soneira y otros cuatro imputados en una causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de tierras fiscales. Al mismo tiempo, dispuso faltas de mérito para dos acusados y sobreseyó definitivamente a otros dos.
La Justicia Federal dio un paso clave en una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de los últimos años en la provincia del Chaco. Mediante un auto interlocutorio de 52 páginas, el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña resolvió procesar al exgobernador Jorge Milton Capitanich, a la exministra y expresidenta del Instituto de Colonización Marta Elena Soneira, y a otros cuatro imputados por su presunta participación en una maniobra destinada a beneficiar con tierras fiscales y otras ventajas económicas a un grupo de empresarios vinculados entre sí.
La investigación comenzó en mayo de 2024 tras una denuncia presentada por la entonces presidenta del Instituto de Colonización, Ana María Canata, quien atribuyó la existencia de una organización que habría utilizado estructuras del Estado para adjudicar tierras fiscales, otorgar beneficios económicos y favorecer intereses privados mediante decisiones administrativas. Entre los delitos denunciados figuran fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la resolución, la acusación sostiene que durante la gestión provincial anterior se habrían adjudicado miles de hectáreas de tierras fiscales a productores vinculados comercialmente con el entorno familiar de Marta Soneira mediante expedientes presuntamente irregulares. La denuncia también menciona beneficios impositivos, subsidios, modificaciones en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y un crecimiento patrimonial que el Ministerio Público Fiscal consideró necesario investigar.
Los procesamientos
Tras analizar las pruebas reunidas durante la instrucción y las declaraciones indagatorias, el juez resolvió procesar a:
- Marta Elena Soneira, por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
- Jorge Milton Capitanich, acusado como presunto coautor de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
- Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira y empresario.
- Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, empresarios vinculados a las firmas investigadas.
En todos los casos, el magistrado aclaró que el procesamiento constituye una resolución propia de la etapa de instrucción y que no implica una condena, sino la existencia de elementos de convicción suficientes para continuar el proceso penal.
Faltas de mérito y sobreseimientos
La resolución también benefició parcialmente a otros imputados.
El juez dictó falta de mérito para Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman, al considerar que por el momento no existen elementos suficientes para procesarlos ni para desvincularlos definitivamente de la causa.
En cambio, resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira, dejando expresamente establecido que el proceso no afecta su buen nombre y honor.
La postura de los imputados
Durante las indagatorias, todos los principales acusados rechazaron las imputaciones.
Marta Soneira sostuvo que la investigación carece de sustento, negó haber integrado una organización criminal y afirmó que todas las decisiones adoptadas durante su gestión respetaron la normativa vigente y los controles administrativos correspondientes.
Jorge Capitanich también pidió su sobreseimiento y calificó la acusación como una construcción basada en denuncias políticas y mediáticas. Según su descargo, las políticas de colonización y regularización de tierras respondieron a programas de gobierno y atravesaron todos los controles institucionales previstos por la legislación provincial.
Por su parte, Mauricio Cian, Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón negaron haber actuado como testaferros o haber obtenido beneficios ilegales, afirmando que el crecimiento de sus empresas responde exclusivamente a su actividad agropecuaria y a operaciones comerciales debidamente registradas.
Competencia
En la misma resolución, el magistrado declaró parcialmente la incompetencia de la Justicia Federal respecto de algunos hechos que deberán ser remitidos a la Justicia provincial una vez que la decisión quede firme. No obstante, la causa federal continuará respecto de las conductas que permanecen bajo investigación.
La resolución aún no se encuentra firme y podrá ser apelada ante la Cámara Federal correspondiente. Mientras tanto, la investigación continúa en etapa de instrucción respecto de los hechos y delitos que permanecen bajo análisis.
