Caso Exen: la Fiscalía detectó millonarias diferencias entre las inversiones de los gimnasios y los fondos declarados”

Por Infoqom | Resistencia, Chaco.

La investigación Federal sobre la cadena de gimnasios Exen ingresó en una nueva etapa con un requerimiento de instrucción de 99 páginas presentado el 5 de agosto de 2026 por el Ministerio Público Fiscal de la Unidad Fiscal Resistencia, en el que se describe una presunta estructura destinada a introducir en el circuito económico formal fondos de origen ilícito.

El documento, elaborado a partir de informes de la Policía del Chaco, datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), registros automotores, información bancaria, movimientos migratorios y otras tareas investigativas, sostiene “prima facie” una hipótesis compatible con el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 303 del Código Penal.

La Fiscalía atribuye esa presunta maniobra a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, aunque la situación procesal de cada uno deberá ser definida por la Justicia.

Según el requerimiento, los fondos investigados serían “posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.

La Fiscalía, además, pidió medidas cautelares de fuerte impacto patrimonial y la detención de cinco de los investigados.

Una expansión acelerada que encendió las alarmas

Uno de los principales ejes de la investigación está puesto en la velocidad con la que se expandió la marca Exen.

El requerimiento reconstruye la apertura de cuatro sucursales en Resistencia desde febrero de 2025 y la posterior inauguración de establecimientos en Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras se proyectaba además una nueva sede en Corrientes.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 se habrían puesto en marcha siete establecimientos, en un proceso de expansión que la Fiscalía considera demasiado acelerado para ser explicado exclusivamente por el giro comercial de los gimnasios.

El documento señala que las sucursales fueron abiertas con pocos meses de diferencia y que, además del costo de las máquinas, implicaron importantes obras de infraestructura, remodelaciones y equipamiento.

Para los investigadores, esa expansión habría requerido una disponibilidad constante de dinero que no encontraría correlato en el flujo de fondos declarado por las sociedades.

La hipótesis fiscal es que las empresas no habrían funcionado únicamente como negocios dedicados a la actividad deportiva, sino que podrían haber sido utilizadas para “la aplicación e integración de fondos espurios al circuito económico formal”, bajo una apariencia de rentabilidad comercial.

Se trata, sin embargo, de la hipótesis de investigación sostenida por el Ministerio Público Fiscal, que deberá ser sometida al control judicial durante el avance del proceso.

Cuatro sociedades bajo la lupa

El requerimiento pone bajo análisis principalmente cuatro estructuras societarias vinculadas con la expansión de la marca:

• EXENGYM S.R.L.
• EXEN ACADEMY S.A.S.
• RANA S.R.L.
• PAMPAFITNESS S.A.S.

PAMPAFITNESS, por ejemplo, fue constituida en febrero de 2026 y tenía entre sus actividades la explotación de gimnasios, actividades deportivas y recreativas, además de la comercialización de productos y equipamiento relacionados con esas actividades. Su capital social inicial fue de $8 millones.

La sociedad aparece vinculada en la investigación con la sede de Exen Pampa, ubicada en Pampa del Infierno.

La Fiscalía también analiza la participación de los investigados en otras sociedades comerciales y, en particular, incorpora información relacionada con Clinis Automotores S.A. y Automotores Clinis S.A., empresas vinculadas al grupo familiar.

El primer gran número: $1.372 millones en máquinas

Uno de los datos más relevantes del expediente surge del inventario realizado sobre las máquinas y equipamiento de cuatro sucursales de Resistencia.

La investigación policial estimó que:

• Exen Club: $500 millones.
• Exen Illia: $302 millones.
• Exen Santiago: $285 millones.
• Exen Las Heras: $285 millones.

El total estimado llegó a $1.372 millones solamente en equipamiento.

Pero el análisis posterior llevó la investigación a una segunda valuación, realizada tomando como referencia precios proporcionados por el proveedor oficial de la marca G-Fitness.

En ese caso, el equipamiento de cinco establecimientos —Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras— fue valuado en aproximadamente US$1.434.241,31.

La diferencia entre las inversiones observadas y las facturas registradas es uno de los elementos que la Fiscalía considera centrales para sostener su hipótesis.

Exen Illia: una diferencia de más de $107 millones

La primera sucursal de la cadena, ubicada en Arturo Illia 457 de Resistencia, fue inaugurada a fines de febrero de 2025.

Según la investigación, el capital social inicial de EXENGYM era de $2 millones, de los cuales los socios se comprometieron a integrar inicialmente el 26%, equivalente a $520.000.

Sin embargo, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, la sociedad registró compras por $68,7 millones sin ingresos declarados.

Al finalizar marzo de 2025, las compras acumuladas alcanzaban $216,3 millones, mientras que los ingresos registrados eran de apenas $21,97 millones, lo que generaba, según el análisis fiscal, un déficit de caja de aproximadamente $194,3 millones.

A su vez, la Policía estimó que solamente las máquinas de Exen Illia representaban una inversión de US$266.670,50, equivalente en aquel momento a unos $285,18 millones.

Pero las facturas recibidas de Industrias Polimera S.A., proveedor de los equipos G-Fitness, totalizaban $177,63 millones.

La diferencia no conciliada fue calculada en $107.547.131,12, equivalente al 38% del equipamiento relevado.

La Fiscalía interpreta esa diferencia como un posible indicio de adquisiciones marginales o no declaradas fiscalmente.

Cuatro gimnasios y una brecha de US$582.000

El análisis conjunto de Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Barranqueras arrojó otro resultado que la Fiscalía considera significativo.

El equipamiento de esas cuatro sedes fue valuado en US$989.793,72, mientras que las facturas recibidas del proveedor, expresadas al valor del dólar correspondiente a cada comprobante, alcanzarían US$407.743,91.

La diferencia fue estimada en US$582.049,81, equivalente al 58% del activo fijo relevado.

Para los investigadores, esa brecha podría representar capital cuya procedencia no habría sido justificada mediante la documentación analizada.

Una presunta inconsistencia contable de $191 millones

El expediente incorpora además un análisis de los estados contables de EXENGYM correspondientes al ejercicio 2025.

La sociedad habría declarado un pasivo de $191.591.606,25 en concepto de deudas comerciales con Industrias Polimera.

Sin embargo, las facturas aportadas por ARCA correspondientes a ese período totalizaban $177.635.629,98 y, según surge de la documentación examinada por la Fiscalía, las operaciones figuraban como abonadas al contado.

La conclusión del requerimiento es que no existiría una obligación pendiente por ese monto y que la registración del pasivo habría podido funcionar como una fuente de financiación ficticia para explicar el inicio de la empresa y la adquisición de los bienes.

La Fiscalía interpreta esta circunstancia como otro elemento destinado a explicar una insuficiencia patrimonial y el origen de los fondos utilizados.

La velocidad de apertura de los locales

La investigación no se limita al valor de las máquinas.

También analiza el ritmo de crecimiento de la cadena.

El requerimiento señala que Exen abrió cuatro sedes en Resistencia desde febrero de 2025, con intervalos aproximados de cuatro meses entre inauguraciones. Posteriormente se concretaron las aperturas de Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras se encontraba en desarrollo un proyecto para Corrientes.

La Fiscalía considera que esa expansión, realizada en un período de aproximadamente 17 meses, resultaría incompatible con una evolución comercial convencional.

El planteo central es que la magnitud de las inversiones y la velocidad con que fueron realizadas requerirían una liquidez que, según el análisis fiscal, no surgiría de los ingresos propios del negocio.

Los vehículos y el patrimonio bajo análisis

Otro capítulo importante del requerimiento está dedicado al patrimonio de los investigados.

En el caso de Sergio Nicolás Clinis Canal, la investigación menciona vehículos registrados a su nombre en Paraguay, entre ellos un BMW 128 TI modelo 2024, una Honda ADV 750 modelo 2025 y una BMW X1 modelo 2022.

También se mencionan vehículos utilizados por el investigado que se encontraban registrados a nombre de terceras personas.

El expediente sostiene que uno de esos vehículos —una Nissan Frontier— estaba registrado a nombre de Jorge César Alberto Vargas, a quien la Fiscalía atribuye un vínculo familiar con el grupo y cuya situación económica también es analizada.

La Fiscalía llega a plantear la hipótesis de que determinados vehículos podrían haber sido registrados a nombre de terceros para ocultar la verdadera titularidad, aunque esa afirmación constituye una hipótesis investigativa y deberá ser acreditada judicialmente.

Propiedades en Paraguay y una intensa actividad fronteriza

El componente internacional aparece como otro de los elementos que la Fiscalía considera relevante.

En el caso de Sergio Clinis Canal, el requerimiento contabiliza 26 movimientos migratorios durante 2022, 25 en 2023, 34 en 2024, 41 en 2025 y 19 hasta junio de 2026.

La mayoría de esos desplazamientos tuvieron como destino Paraguay.

El documento también señala que el investigado habría adquirido inmuebles en Paraguay y menciona un complejo residencial denominado Insignia SOHO 2, ubicado en Luque.

La Fiscalía considera que esa movilidad internacional, sumada a la existencia de bienes y vehículos registrados en el país vecino, representa un factor de riesgo procesal frente a la posibilidad de una eventual fuga.

Exen también se proyectaba en Paraguay

El requerimiento incorpora además información sobre la expansión de la marca en Paraguay.

Según las tareas investigativas citadas por el Ministerio Público Fiscal, existirían seis sedes de la cadena Exen en el país vecino.

La investigación menciona publicaciones en redes sociales en las que Sergio Clinis Canal se presenta como CEO de una nueva sede en San Lorenzo.

También se incorporaron registros fotográficos de inauguraciones en Asunción, donde aparecen los hermanos Clinis junto a Mauro Lugo Heim y personas que la Fiscalía identifica como posibles socios paraguayos.

Este componente transfronterizo es utilizado por la Fiscalía para fundamentar parte de los riesgos procesales que invoca para pedir las detenciones.

Criptoactivos y billeteras virtuales

La investigación también ingresó al terreno de los activos digitales.

El requerimiento menciona la administración de criptoactivos por parte de Mauro Lugo Heim y sostiene que esa operatoria demostraría una capacidad económica de alcance transfronterizo.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal pidió que las medidas cautelares incluyeran no solamente cuentas bancarias tradicionales, sino también billeteras virtuales y criptoactivos.

Entre las plataformas mencionadas aparecen Mercado Libre, Claro Pay, AstroPay, Lemon y Binance.

En los allanamientos, además, la Fiscalía pidió que se prestara especial atención a la eventual existencia de “billeteras frías”, dispositivos similares a pendrives utilizados para almacenar criptoactivos, así como anotaciones con palabras clave, semillas, códigos QR u otros elementos vinculados con wallets.

El pedido de secuestro de 11 vehículos

Entre las medidas cautelares solicitadas figura el secuestro de 11 vehículos y motovehículos.

La lista incluye:

• Porsche Cayenne S, atribuido a Federico Clinis Canal.
• Motocicleta Daihatsu.
• Peugeot 208.
• BMW 120i.
• Camioneta RAM.
• Mercedes Benz 320 CDI.
• Nissan Frontier.
• Peugeot 207.
• BMW 128 TI.
• Honda ADV 750.
• BMW X1.

Algunos de esos vehículos figuran registrados a nombre de terceros, circunstancia que precisamente forma parte de las hipótesis que la investigación busca determinar.

Embargos sobre cuentas, sociedades y billeteras

El fiscal también solicitó el embargo preventivo de cuentas bancarias y otros productos financieros pertenecientes a los investigados.

La medida alcanzaría cuentas en BBVA, Nuevo Banco del Chaco, Santander, ICBC, Macro, Galicia y Banco Nación, además de billeteras como Mercado Pago, Claro Pay, AstroPay y Lemon.

También se pidió intervenir sobre los criptoactivos que pudieran encontrarse en Lemon y Binance.

La misma medida fue solicitada sobre las cuentas de EXENGYM SRL, EXEN ACADEMY SAS, RANA SRL y PAMPAFITNESS SAS, en bancos como Macro, Santander, Galicia, Credicoop, BBVA y Patagonia, además de Mercado Pago.

La Fiscalía pidió detener a cinco personas

El requerimiento solicita al juzgado que libre órdenes de detención contra:

Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.

La Fiscalía fundamenta el pedido en la gravedad de la imputación y en la existencia, según su interpretación, de riesgos concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Uno de los argumentos centrales es precisamente la movilidad internacional atribuida a algunos de los investigados.

En el caso de María Graciela Canal, por ejemplo, el requerimiento registra 12 cruces migratorios durante 2026, con una última salida del país el 28 de julio de 2026, sin que surgiera, al momento de la presentación del requerimiento, un nuevo ingreso registrado.

La Fiscalía también sostiene que la mujer tendría participación societaria en las estructuras analizadas.

¿Qué delito investiga la Justicia Federal?

El eje jurídico de la causa es el lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

La Fiscalía sostiene que los investigados habrían puesto en circulación fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del narcotráfico y/u otros delitos, utilizando diferentes estructuras societarias y comerciales para otorgarles apariencia de legalidad.

El requerimiento aclara que podrían existir otros delitos de acción pública que eventualmente sean determinados durante el avance de la investigación.

La hipótesis, por lo tanto, todavía debe atravesar las distintas etapas del proceso penal.

Una investigación que todavía busca más respuestas

El propio requerimiento muestra que la investigación no está cerrada.

La Fiscalía informa que solicitó datos al Banco Central de la República Argentina, Mercado Pago, Ualá Bank, SG Financial Technology, Banco Industrial, proveedores de servicios de activos virtuales y COELSA, entre otras entidades, y que algunas respuestas todavía se encontraban pendientes.

También pidió informes a la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco sobre las sociedades investigadas, sus integrantes, autoridades, representantes y modificaciones societarias.

Además, solicitó el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario respecto de Raquel Edith Bohacek y otras medidas destinadas a profundizar la trazabilidad patrimonial y societaria.

Qué sostiene concretamente la Fiscalía

En síntesis, el Ministerio Público Fiscal construye su hipótesis a partir de la combinación de varios elementos:

Una expansión comercial extremadamente rápida, con siete establecimientos abiertos o proyectados en un período relativamente breve.

Millonarias inversiones en equipamiento, cuyo valor estimado no siempre encontraría correspondencia con las facturas registradas.

Diferencias patrimoniales y financieras que, según la Fiscalía, no estarían respaldadas por los ingresos lícitos declarados.

Supuestas inconsistencias contables, entre ellas la registración de determinadas deudas comerciales que, de acuerdo con la documentación examinada, ya habrían sido canceladas.

Adquisición y utilización de vehículos registrados a nombre de terceros.

Actividad patrimonial y movimientos internacionales hacia Paraguay.

La expansión de la propia marca Exen en territorio paraguayo.

La utilización o existencia de billeteras virtuales y criptoactivos.

Y, como hipótesis de delito precedente, la posible procedencia de los fondos del narcotráfico u otros delitos de acción pública.

El punto que deberá determinar ahora la Justicia

La importancia del requerimiento presentado el 5 de agosto radica en que la Fiscalía considera que ya reunió elementos suficientes para formalizar judicialmente la investigación y avanzar sobre medidas de coerción personal y patrimonial.

Pero el expediente todavía deberá determinar una cuestión esencial: si las diferencias económicas, patrimoniales, societarias y financieras detectadas constituyen efectivamente una maniobra de lavado de activos y, en ese caso, cuál fue el origen concreto de los fondos y el grado de responsabilidad que corresponde atribuir a cada uno de los investigados.

La Fiscalía pidió que se dicten las medidas con carácter urgente y formuló formalmente el requerimiento de instrucción judicial.

Por eso, el nuevo documento representa un paso significativo en la causa Exen, pero no equivale a una condena ni implica que las personas mencionadas hayan sido declaradas culpables.

La investigación federal deberá ahora avanzar sobre la documentación secuestrada, los movimientos financieros, los bienes, las sociedades, los criptoactivos y las operaciones nacionales e internacionales para establecer si la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal puede ser confirmada con pruebas suficientes.