El fiscal Sabadini rechazó la propuesta para mantener abiertas tres sedes de EXEN bajo un fideicomiso

  El fiscal federal de Resistencia, Patricio Nicolás Sabadini, se pronunció en contra del pedido presentado por los trabajadores vinculados a EXEN Gym para mantener en funcionamiento tres sedes de la empresa mediante un fideicomiso de administración y explotación transitoria. En su dictamen, sostuvo que la propuesta resulta jurídicamente inviable y advirtió que las sociedades involucradas están alcanzadas por una investigación por presunto lavado de activos.

  La presentación fue realizada por el abogado Mladen Ignacio Sincovich, quien actúa como patrocinante de empleados vinculados al establecimiento EXEN Gym. El planteo respondió a un requerimiento de la jueza federal interviniente, que había solicitado un plan operativo para evaluar la continuidad de las unidades económicas.

  Sabadini analizó la propuesta y consideró que no corresponde hacer lugar al pedido. Para fundamentar su postura, recordó que el 1 de septiembre de 2026 el Ministerio Público Fiscal había solicitado ampliar la acción penal contra EXEN GYM SRL, RANA SRL, EXEN ACADEMY SAS y PAMPAFITNESS SAS, en el marco de la investigación principal.

  Según el fiscal, esas sociedades habrían sido utilizadas dentro de una estructura comercial investigada por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con fondos de origen ilícito. En ese contexto, sostuvo que existiría una vinculación entre las personas físicas procesadas y las sociedades mencionadas.

  El representante del Ministerio Público recordó además que, en agosto, se habían solicitado medidas cautelares sobre las firmas investigadas y que posteriormente se requirió la suspensión temporal de sus actividades comerciales y de la personería jurídica, con el argumento de evitar la eventual continuidad de las maniobras bajo investigación.

  La propuesta presentada por los trabajadores contempla mantener operativas tres sedes de EXEN GYM SRL: EXEN Illia, EXEN Santiago del Estero y EXEN Las Heras. Para ello, se planteó la constitución de un fideicomiso destinado a administrar y explotar transitoriamente esas unidades.

  De acuerdo con el dictamen, el objetivo declarado por los trabajadores era preservar los bienes, evitar el deterioro de las instalaciones, sostener las fuentes laborales, mantener el valor de las unidades productivas y generar recursos durante el avance de la causa.

  Sin embargo, Sabadini cuestionó la utilización del fideicomiso como herramienta para alcanzar ese objetivo. Señaló que la figura implica la transmisión del dominio fiduciario de los bienes y la conformación de un patrimonio separado, por lo que consideró contradictorio presentarla únicamente como un mecanismo de administración y conservación de activos cautelados.

  Otro de los puntos observados por el fiscal está relacionado con quiénes asumirían el carácter de fiduciantes. La propuesta contempla que las personas jurídicas alcanzadas por la investigación sean quienes aporten los bienes y derechos al fideicomiso, mientras que su situación jurídica y la eventual suspensión de sus actividades comerciales todavía deben ser resueltas por la Justicia.

  El dictamen también cuestionó la designación de Juan Martín Castillo Cassiet como fiduciario. La propuesta justificaba su elección por su conocimiento de los circuitos administrativos, financieros, proveedores y operaciones de las empresas.

  Para Sabadini, ese antecedente constituye precisamente un inconveniente en el contexto de la investigación, debido a que se analizan presuntas maniobras de lavado mediante estructuras comerciales. El fiscal consideró que no resultaría conveniente poner bajo su gestión los activos que se encuentran alcanzados por las medidas cautelares.

  Finalmente, el representante del Ministerio Público Federal concluyó que la propuesta presentada no reúne las condiciones necesarias para ser autorizada y solicitó a la jueza federal que rechace el pedido de continuidad de las tres unidades económicas mediante el fideicomiso planteado.

  La decisión final quedará en manos de la magistrada que interviene en la causa, mientras continúa la investigación sobre las personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.

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