La Justicia investiga las criptomonedas de Manuel Adorni y busca rastrear USD 591.000 en ocho billeteras
La Justicia Federal comenzó a analizar el patrimonio en criptomonedas declarado por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Uno de los principales puntos bajo análisis son ocho billeteras de autocustodia en las que habrían circulado activos digitales por unos USD 591.000.
El fiscal federal Gerardo Pollicita inició la revisión de la explicación patrimonial presentada por Adorni y puso especial atención en las operaciones realizadas mediante esas billeteras, que no figuran registradas formalmente a nombre del exfuncionario.
Según la explicación presentada por su defensa, se trataría de billeteras de autocustodia, un sistema que permite administrar activos digitales sin que necesariamente exista una identificación personal asociada a la dirección de la billetera.
Adorni habría manifestado que posee las claves privadas correspondientes y que esa circunstancia, según su planteo, permitiría acreditar la titularidad de los fondos. Sin embargo, uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es si efectivamente era el propietario de esos activos al momento en que se realizaron las operaciones.
De acuerdo con la explicación patrimonial analizada por la Justicia, en 2017 Adorni habría destinado USD 199.883,20 a la compra de bitcoin, fondos que, según su defensa, había reunido junto con su esposa, Bettina Angeletti, a partir de una herencia y de ingresos obtenidos por su actividad laboral.
La versión presentada sostiene que los bitcoins fueron vendidos al año siguiente y que esa operación permitió obtener aproximadamente USD 591.544,61. La defensa sostiene además que ese capital permaneció prácticamente sin modificaciones hasta el ingreso de Adorni al Gobierno, en diciembre de 2023.
La trazabilidad de esos fondos constituye uno de los aspectos centrales de la pesquisa. Los investigadores buscan establecer el recorrido de las criptomonedas y verificar la correspondencia entre las operaciones realizadas y la explicación presentada sobre el origen del patrimonio.
Además del componente relacionado con las criptomonedas, la investigación analiza otros movimientos y bienes declarados por el exfuncionario, entre ellos la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento ubicado en Caballito, gastos vinculados con viajes y trabajos de remodelación.
En este último punto también surgieron diferencias que deberán ser examinadas. Mientras Adorni habría declarado un costo de aproximadamente USD 175.000 para las obras realizadas en Indio Cuá, un contratista habría informado un monto de USD 245.000.
La fiscalía también analiza la explicación brindada respecto de la conservación de los ahorros durante varios años. Según la defensa, parte de ese patrimonio habría permanecido fuera del sistema financiero y una porción incluso se habría mantenido en efectivo.
Como parte de las medidas, Pollicita solicitó la intervención de especialistas del Ministerio Público Fiscal para analizar la información aportada y establecer si los movimientos patrimoniales pueden ser respaldados documentalmente.
La investigación deberá determinar si existen inconsistencias relevantes entre los bienes, fondos y operaciones declarados y la evolución patrimonial de Adorni. Antes de avanzar hacia una eventual citación a indagatoria, el fiscal prevé solicitar nuevas medidas al juez federal Ariel Lijo.
Por el momento, la pesquisa se encuentra centrada en verificar el origen y la trazabilidad de los fondos, así como la documentación presentada para justificar la evolución del patrimonio. La existencia de una investigación judicial no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
