Grabois propone una ley para proteger los bienes estratégicos del Estado
El diputado nacional Juan Grabois presentó un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública que busca reforzar la protección de las empresas, tierras y activos estratégicos del Estado nacional. La iniciativa también propone endurecer los requisitos para las privatizaciones y priorizar el impacto social en la adjudicación de terrenos fiscales.
La presentación se produjo después de que el oficialismo consiguiera aprobar en la Cámara de Diputados una versión modificada del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya sanción definitiva quedó pendiente en el Senado.
Privatizaciones con mayoría agravada
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que los bienes y empresas declarados estratégicos no podrán venderse, privatizarse, transferirse ni concesionarse sin una ley especial aprobada por dos tercios del total de los integrantes de cada cámara del Congreso.
El texto también busca impedir que las privatizaciones se autoricen mediante decretos de necesidad y urgencia, facultades legislativas delegadas o disposiciones incluidas en leyes de presupuesto y proyectos conocidos como leyes ómnibus.
Según los fundamentos presentados por Grabois, el patrimonio estatal debe contar con una protección jurídica acorde con su importancia colectiva y su utilización en beneficio de la sociedad.
Tierras fiscales con prioridad social
La iniciativa propone crear un Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública para definir la adjudicación de terrenos rurales y urbanos del Estado nacional que estén ociosos, subutilizados o sin un destino específico.
El mecanismo priorizaría el beneficio social de cada propuesta por encima de la oferta económica más alta. Entre los objetivos contemplados figuran el fortalecimiento de la economía comunitaria, la atención de necesidades básicas, el acceso a la tierra para el autoabastecimiento y la posibilidad de acceder a una vivienda familiar única.
Además, el proyecto excluye de ese procedimiento a las sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objetivo sea la especulación inmobiliaria o la valorización de terrenos.
La propuesta plantea así un esquema de mayor protección del patrimonio público y establece condiciones más exigentes para decidir sobre la transferencia de activos estratégicos nacionales.
