El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad: fue aprobado por unanimidad

El Senado de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad y con 71 votos afirmativos, el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo así la sanción definitiva y establece un régimen permanente que mantiene los principales beneficios de la legislación de emergencia, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2026.
El texto había recibido media sanción en la Cámara de Diputados el 22 de octubre, con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Con el respaldo de la Cámara alta, las disposiciones dejan de tener carácter transitorio y pasan a integrar un marco legal permanente.
Qué establece la nueva ley
Entre los principales puntos, la norma mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de una jubilación mínima, y permite compatibilizarlas con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También contempla:
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Actualización de prestaciones: mantiene el nomenclador único y establece ajustes periódicos de los aranceles según la movilidad jubilatoria.
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Cobertura de salud: garantiza las prestaciones médicas básicas a través del programa federal Incluir Salud.
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Financiamiento: establece que las partidas presupuestarias destinadas al área de discapacidad no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.
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Auditorías: incorpora controles periódicos y cruces de información entre organismos públicos, con garantías de debido proceso.
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Deudas con prestadores: establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes y fija plazos para su instrumentación.
Los fondos y la aplicación de la norma
Durante el debate, algunos legisladores advirtieron sobre la necesidad de garantizar los recursos para cumplir con las disposiciones. La senadora radical Mariana Juri señaló que el Presupuesto 2027 debe contemplar las partidas necesarias para sostener las prestaciones.
La ley también establece que el Poder Ejecutivo deberá informar, dentro de los 30 días corridos, el cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. Para quienes hayan completado los trámites administrativos, se prevé un plazo máximo de 90 días para concretar los pagos.
La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, prestadores y familias de personas con discapacidad, en medio de las controversias por las auditorías, las pensiones y el financiamiento del sistema.




