La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las cuotas de las prepagas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles del Estado sobre los precios de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de las cuotas.
El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata en una causa iniciada por una afiliada de Swiss Medical.
El reclamo judicial se originó luego de que la mujer denunciara que la cuota de su plan de salud había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera mantenido el esquema de regulación anterior, el incremento previsto para enero de ese año habría sido del 6,26%.
Qué cambia con el fallo
Los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 habían eliminado las atribuciones estatales para revisar los valores de las cuotas y controlar la razonabilidad de los aumentos de las empresas de medicina prepaga.
Con la decisión de la Corte, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a intervenir en la supervisión de los valores de los planes médicos y evaluar las modificaciones tarifarias.
Los incrementos deberán estar fundamentados en variaciones de la estructura de costos de las empresas y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, el máximo tribunal también revocó una parte de la sentencia de Cámara que establecía que los aumentos debían limitarse al porcentaje de inflación medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, el fallo no fija un techo automático para las cuotas ni establece un porcentaje máximo de actualización.
Los argumentos de la Corte
Para declarar la inconstitucionalidad, los magistrados consideraron que el Gobierno no había justificado las circunstancias excepcionales que permitían modificar la legislación mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La Corte sostuvo que la referencia a una crisis del sistema de salud y a la necesidad de aumentar la competitividad no alcanzaba para demostrar una urgencia que hiciera imposible recurrir al trámite legislativo ordinario en el Congreso.
También señaló que no se había acreditado una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada por el Poder Ejecutivo y la eliminación de las facultades estatales de control sobre los precios de la medicina prepaga.
La resolución representa un pronunciamiento relevante sobre los límites constitucionales de los DNU y restablece la intervención del Estado en la supervisión de los aumentos de las empresas de salud privada.




