Argentina ofrecerá la ciudadanía a extranjeros que inviertan desde US$350.000
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de una inversión económica. El mecanismo comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa contempla dos alternativas. La primera consiste en realizar un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda permite suscribir un título público por US$800.000, creado específicamente para este programa y con un plazo de siete años.
También podrán acceder los familiares directos del solicitante. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 cada uno, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de US$25.000. De esta manera, una familia integrada por dos adultos y dos menores podría acceder por un total de US$500.000.
La iniciativa fue presentada este viernes en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week. El Gobierno sostiene que el objetivo es atraer capitales extranjeros y fortalecer la posición financiera del país.
Pero no se trata simplemente de pagar y recibir automáticamente el pasaporte. Las solicitudes serán sometidas a controles sobre la identidad del interesado, el origen de los fondos, antecedentes penales, situación patrimonial, historial migratorio y posibles riesgos para la seguridad nacional.
En ese proceso intervendrán, entre otros organismos, la SIDE, la Unidad de Información Financiera, los ministerios de Seguridad y del Interior, mientras que la decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones.
Argentina se suma así al reducido grupo de países que ofrecen mecanismos de ciudadanía por inversión, una modalidad que busca atraer grandes capitales pero que también genera cuestionamientos internacionales por los riesgos vinculados al lavado de dinero, el fraude y la utilización de estos programas para obtener una segunda ciudadanía.
Según el Gobierno, el nuevo esquema incorporará controles de debida diligencia y estándares de transparencia financiera alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
