Capital Humano apeló ante la Corte por la pensión de Cristina Fernández de Kirchner
El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para revertir la decisión judicial que ordenó restituir la pensión por viudez que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación fue realizada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente de la cartera que conduce Sandra Pettovello.
El planteo apunta contra el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había ordenado restablecer la asignación vitalicia anulada mediante una resolución administrativa del organismo previsional.
Desde el Gobierno sostienen que la sentencia incurre en una aplicación incorrecta del derecho, al no considerar la prohibición legal vigente para quienes cuentan con condena penal firme e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Según el escrito judicial, el beneficio no constituye una jubilación ordinaria ni una prestación previsional contributiva, sino una asignación honorífica otorgada en reconocimiento al ejercicio de la función presidencial.
En ese marco, la administración nacional afirma que la continuidad del pago depende de la vigencia de condiciones éticas y de honorabilidad asociadas al cargo, y que estas se verían afectadas por la condena dictada en la denominada Causa Vialidad, en la que la ex mandataria recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
El recurso también cuestiona la medida cautelar que restituyó el beneficio mientras se discute el fondo de la cuestión. Para el Ejecutivo, el tribunal adelantó los efectos de una eventual sentencia definitiva sin que se acreditara un daño irreparable, ya que —según la interpretación oficial— la asignación no posee carácter alimentario.
Además, el planteo abre un debate jurídico más amplio sobre la naturaleza de las asignaciones vitalicias para ex presidentes y sus derechohabientes, y sobre si pueden mantenerse ante condenas por delitos contra la administración pública.
La decisión final quedará en manos del máximo tribunal, que deberá determinar si corresponde revisar el fallo y definir el alcance legal de estos beneficios honoríficos financiados por el Estado.
