Casación ordenó revisar la prescripción de Guillermo Moreno en la causa del INDEC
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este miércoles a un reclamo del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y de Beatriz Paglieri, quien estuvo al frente del área encargada de elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y ordenó que se dicte una nueva resolución sobre el pedido de prescripción presentado por sus defensas.
El planteo fue formulado en la causa por la manipulación del índice oficial de inflación entre 2006 y 2007, durante las presidencias de Néstor Kirchner y el inicio de la gestión de Cristina Kirchner.
La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Los dos primeros conformaron la mayoría, mientras que Carbajo votó en disidencia.
El máximo tribunal penal del país no declaró prescripta la acción penal ni dejó sin efecto las condenas, pero anuló la resolución mediante la cual el Tribunal Oral Federal 2 porteño había rechazado ese planteo y devolvió el expediente para que emita un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios fijados por la mayoría.
La discusión se concentra en los más de cinco años transcurridos entre la citación a juicio, dispuesta el 27 de mayo de 2019, y el veredicto condenatorio, anunciado el 7 de agosto de 2024. Las defensas sostienen que durante ese período se superó el plazo de cuatro años previsto para los delitos por los cuales Moreno y Paglieri fueron condenados.
La causa por la manipulación del IPC
Al momento de los hechos investigados, Moreno se desempeñaba primero como secretario de Coordinación Técnica y luego como secretario de Comercio Interior. Paglieri, en tanto, había asumido como directora del área de Índices de Precios al Consumidor del INDEC, desde donde se elaboraba el indicador oficial de inflación.
La acusación sostuvo que Moreno, pese a no tener competencia directa sobre el organismo estadístico, intervino en su funcionamiento interno con el objetivo de incidir sobre la elaboración del índice. A Paglieri se le atribuyó haber ejecutado, desde su cargo, modificaciones sobre la metodología y los registros utilizados para calcular el IPC.
La causa comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2007. En septiembre de 2018 se declaró parcialmente clausurada la etapa de instrucción respecto de Moreno, Paglieri y la empleada Marcela Filia, y en mayo de 2019 las partes fueron citadas a juicio.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, condenó el 7 de agosto de 2024 a Moreno y Paglieri como autores de abuso de autoridad, en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.
Ambos recibieron penas de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las ex empleadas del organismo Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas.
La acusación estuvo a cargo de los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski, quienes habían reclamado condenas más severas al incluir en su alegato los delitos de violación de secretos y falsedad ideológica.
El 5 de mayo de 2025, la Sala II de Casación, integrada entonces por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, confirmó por mayoría las condenas. Ledesma y Yacobucci rechazaron los recursos de las defensas y también la impugnación de la fiscalía. Slokar votó en disidencia al advertir que el tribunal oral no había dado una respuesta adecuada al planteo de prescripción.
Las defensas presentaron recursos extraordinarios, que fueron declarados inadmisibles el 1° de julio de 2025. Las quejas contra esa decisión todavía se encuentran pendientes ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, los abogados de Moreno y Paglieri volvieron a plantear la prescripción ante el tribunal oral. El TOF 2 rechazó el pedido al considerar que el plazo había permanecido suspendido porque Filia continuó trabajando en el INDEC durante la tramitación del proceso penal.
Por qué la continuidad de una empleada del INDEC resultó determinante
El artículo 67 del Código Penal establece que, en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, la prescripción se suspende para todos los participantes mientras cualquiera de ellos continúe desempeñando un cargo público.
Para el tribunal oral, esa disposición era aplicable porque Filia permaneció en la Dirección de Índices de Precios de Consumo del INDEC desde 2007 hasta, por lo menos, julio de 2025. Su posterior absolución, sostuvo, no eliminaba retroactivamente la suspensión que había operado mientras continuaba en funciones.
Las defensas cuestionaron ese razonamiento. La representación de Paglieri sostuvo que Filia era una empleada administrativa contratada y que el tribunal había dado por sentado su carácter de funcionaria pública sin analizar la naturaleza de su puesto, sus tareas ni su capacidad para interferir en el expediente.
Los abogados de Moreno adhirieron al planteo y remarcaron que su defendido y Paglieri habían dejado la función pública varios años antes. Según argumentaron, entre la citación a juicio y el dictado de la condena había transcurrido “holgadamente” el plazo legal de cuatro años.
La fiscalía se opuso. Consideró que la permanencia de Filia dentro del organismo mantuvo suspendido el término durante toda la causa y afirmó que su absolución no podía modificar retroactivamente ese efecto. También planteó que la extensión del proceso respondió a su complejidad y a la actividad legítima de las partes, sin que existieran dilaciones indebidas atribuibles al Estado.
Fuente: Infobae
