El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de un trabajador de planta permanente del Ministerio de Salud, luego de una investigación administrativa que determinó que no prestaba servicios en el Hospital de Las Garcitas desde septiembre de 2016. Pese a sus prolongadas ausencias, el agente continuó percibiendo haberes durante varios años. El caso salió a la luz a partir de una inspección en una residencia para adultos mayores que funcionaba sin habilitación y que estaba bajo su responsabilidad.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 2421/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Salud, Ricardo César Mayol, y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro. La medida también contempla nuevas investigaciones para determinar cómo se mantuvieron los pagos salariales durante tanto tiempo sin que existieran registros que acreditaran la prestación efectiva de servicios.

Los antecedentes del caso se remontan a noviembre de 2021, cuando personal del área de Supervisión Social realizó una inspección en un inmueble de Las Garcitas donde funcionaba una residencia para adultos mayores sin la habilitación correspondiente.

Durante el procedimiento se constató que el establecimiento alojaba a ocho personas mayores y que su responsable era un empleado perteneciente a la planta permanente del Ministerio de Salud Pública del Chaco. Ante las irregularidades detectadas, se dispuso la clausura del lugar y se iniciaron gestiones para reubicar a los residentes.

A partir de esas actuaciones, las autoridades comenzaron a revisar la situación laboral del responsable y descubrieron que figuraba como agente del Hospital de Las Garcitas, aunque no registraba prestación efectiva de servicios desde el 1 de septiembre de 2016.

Los informes administrativos posteriores establecieron que no existían certificaciones de asistencia ni documentación que justificara un traslado o una asignación formal de funciones en otra dependencia estatal.

El sumario administrativo concluyó que el trabajador había incumplido sus obligaciones laborales sin presentar justificaciones suficientes. Durante el procedimiento tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y formular un descargo, aunque no aportó documentación que permitiera acreditar los motivos de sus prolongadas ausencias.

Además de disponer su cesantía, el Poder Ejecutivo provincial ordenó al Ministerio de Salud calcular el monto total de los salarios que habría percibido indebidamente entre septiembre de 2016 y enero de 2024, fecha en la que finalmente se suspendieron los pagos.

Una vez determinada la suma, deberán evaluarse los mecanismos administrativos y legales correspondientes para procurar la recuperación del dinero, en caso de confirmarse que fue cobrado sin derecho.

La medida no se limita a la desvinculación del empleado. El decreto también ordena investigar posibles responsabilidades de funcionarios, superiores jerárquicos y personal administrativo que debían controlar la asistencia y certificar los servicios prestados en el hospital.

El objetivo será establecer si existieron omisiones, negligencias graves o incumplimientos que permitieron sostener durante años una situación irregular dentro de la administración pública.

En ese marco, se dispuso dar intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, organismos que podrán actuar en relación con las eventuales responsabilidades patrimoniales y la recuperación de fondos públicos.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Humano deberá revisar los antecedentes relacionados con la residencia para adultos mayores que funcionaba sin autorización, incluyendo su posterior reapertura en otro domicilio pese a las advertencias realizadas por las autoridades.

El caso abre así una investigación más amplia sobre los mecanismos de supervisión del personal sanitario, la administración de recursos públicos y los controles aplicados a establecimientos destinados al cuidado de personas mayores en la provincia.