Córdoba: detuvieron a un guardiacárcel acusado de cobrar $1 millón para ingresar cinco celulares a Bouwer
Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba y un interno de la cárcel de Bouwer fueron detenidos e imputados por una presunta maniobra de corrupción que habría permitido ingresar cinco teléfonos celulares al establecimiento a cambio de dinero.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Franco Mondino. Los acusados son Luciano Rafael Brito, subayudante del Servicio Penitenciario, imputado por cohecho pasivo, y Nicolás Kademian, interno del penal, señalado por cohecho activo.
El caso comenzó luego de que los controles internos del Complejo Penitenciario N.º 1 Reverendo Padre Luchesse permitieran detectar cinco teléfonos celulares. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación que derivó en la intervención de la Justicia.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el interno habría acordado con el agente penitenciario el ingreso de los dispositivos a cambio de una suma cercana al millón de pesos.
La reconstrucción del caso indica que Brito habría recibido los cinco teléfonos Samsung de personas que todavía no fueron identificadas, en inmediaciones de la rotonda Las Flores, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Posteriormente, el 19 de octubre, alrededor de las 13, cuando se encontraba de servicio en el módulo MX1, habría entregado los aparatos al interno. En esa oportunidad, también habría recibido $510.000 en efectivo como parte del pago acordado.
Secuestraron más de $1,2 millones
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron $1.221.250 en efectivo, además de los cinco teléfonos Samsung. Los dispositivos no tenían tarjetas SIM ni memorias extraíbles.
La investigación también busca establecer quiénes fueron las personas que proporcionaron los celulares y si existieron otros participantes en la maniobra.
Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba señalaron que el descubrimiento fue resultado de controles realizados por las autoridades del módulo y las áreas de Investigaciones, Análisis e Inteligencia.
El organismo aseguró que mantendrá la colaboración con la Justicia y sostuvo que no tolerará hechos de corrupción ni conductas que vulneren las obligaciones del personal penitenciario.
