Entre el reclamo de los jueces y la defensa del salario, la política esquiva el costo de decidir

Cuando la sociedad ve un pedido de privilegio en el reclamo de los magistrados y una defensa del sueldo en el de los empleados judiciales, el debate se concentra en quién tiene razón. Mientras tanto, el poder político posterga la decisión que le corresponde tomar.

Por los Dres. Miguel Alejandro Armoa y Emiliano Núñez 

El conflicto salarial del Poder Judicial del Chaco suele presentarse como una disputa entre magistrados que reclaman una recomposición y trabajadores que defienden sus ingresos. Pero esa descripción deja afuera una pregunta institucional: qué deben hacer los poderes públicos cuando existe una controversia judicial prolongada y decisiones que, según su alcance y estado procesal, deben ser cumplidas. 

En el debate público aparecen reclamos legítimos, aunque no idénticos. Los magistrados invocan la garantía de intangibilidad; los trabajadores, sus derechos salariales y la necesidad de que cualquier solución no perjudique sus haberes. El Poder Ejecutivo y la Legislatura, por su parte, deben actuar dentro de sus competencias y ofrecer una respuesta jurídicamente fundada. 

Pero existe una cuestión que no debería quedar atrapada en esa disputa: la independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos y una condición esencial para la existencia de un verdadero Estado de derecho. 

La cuestión excede la cifra que figura en un recibo. Se trata de determinar qué exige la garantía de independencia judicial, cuáles son los límites de las competencias de cada poder y cómo se cumple una decisión judicial sin desconocer los derechos del resto del personal. 

El juez no es un trabajador más dentro de la estructura estatal 

Todos los trabajadores merecen condiciones dignas de remuneración. El personal judicial cumple una tarea imprescindible y sin su trabajo cotidiano los tribunales no podrían funcionar. 

Sin embargo, reconocer esa realidad no exige desconocer que la magistratura tiene una naturaleza constitucional diferente. 

Un juez puede decidir sobre la libertad de una persona, la propiedad de una vivienda, el patrimonio de una empresa, la responsabilidad del Estado, el cuidado de un niño o la situación jurídica de una familia. Ejerce una potestad estatal extraordinaria: resolver conflictos y establecer, mediante decisiones fundadas en derecho, consecuencias jurídicas para los ciudadanos y para los propios poderes públicos. 

Esa responsabilidad no convierte al magistrado en una persona superior ni vuelve menos digno el trabajo de un empleado judicial. Pero sí explica por qué su función tiene un régimen particular de garantías, incompatibilidades, responsabilidades y remuneraciones. 

Igual dignidad, responsabilidades diferentes: la justicia distributiva 

Magistrados y empleados tienen igual dignidad, pero cumplen funciones, asumen responsabilidades, ejercen potestades y están sujetos a incompatibilidades diferentes. La política salarial debe reconocer esas diferencias mediante criterios objetivos, razonables y transparentes, sin desconocer los derechos laborales ni la importancia del trabajo de quienes sostienen cotidianamente el servicio de justicia. 

Esta distinción puede comprenderse a partir de la justicia distributiva desarrollada por Aristóteles en el Libro V de la Ética a Nicómaco: dar a cada uno lo suyo no significa necesariamente asignar a todos lo mismo, sino distribuir de manera proporcional conforme a diferencias relevantes. Aplicada al ámbito judicial, esta idea no justifica cualquier brecha salarial ni establece por sí sola cuánto debe cobrar cada categoría. Exige que las diferencias tengan fundamentos verificables  –como la naturaleza de la función, el grado de responsabilidad, las potestades decisorias y las incompatibilidades- y que, al mismo tiempo, se preserve una remuneración digna para todo el personal.[16] 

La independencia requiere jueces preparados, imparciales y libres de presiones. También requiere condiciones materiales que eviten que su subsistencia económica dependa de la voluntad de quienes pueden ser objeto de sus decisiones. 

Una remuneración adecuada no es un premio para quien ocupa un juzgado. Es una de las condiciones que permiten que la función se ejerza sin depender de la voluntad o de la presión de otros poderes. 

La responsabilidad del poder político frente a los valores del Estado de derecho 

La justicia distributiva no es una fórmula automática para fijar salarios ni una autorización para establecer cualquier diferencia. Es un criterio de razonabilidad: reconocer las diferencias relevantes y justificar el tratamiento que corresponde a cada situación. Aplicado al Poder Judicial, exige considerar la naturaleza de la función,  las  potestades  decisorias,  el  grado  de  responsabilidad  y  las incompatibilidades de cada cargo, sin desconocer la dignidad ni los derechos laborales del personal. 

Pero esa tarea no corresponde a una negociación entre sectores enfrentados. El poder político tiene una responsabilidad propia: convertir los valores constitucionales en decisiones concretas. Gobernar y legislar no consiste solamente en administrar recursos, medir costos o construir consensos circunstanciales. También exige establecer prioridades conforme a los principios que organizan la República. 

La independencia judicial, la intangibilidad de las remuneraciones, los derechos laborales, la división de poderes y la obligatoriedad de las sentencias no son valores que puedan seleccionarse según la conveniencia de cada coyuntura. Deben armonizarse dentro de un mismo sistema constitucional. Las restricciones presupuestarias y las posiciones gremiales son elementos legítimos del debate, pero no pueden sustituir la obligación de resolver conforme a la Constitución y a las decisiones judiciales firmes. 

El título plantea una hipótesis crítica sobre la conducta institucional del poder político: que la demora pueda responder, al menos en parte, a la intención de evitar el costo de una decisión. No corresponde atribuir ese propósito subjetivo a funcionarios determinados sin pruebas. Lo que sí puede examinarse son las decisiones adoptadas, las alternativas ofrecidas, los plazos transcurridos y sus fundamentos. 

Quienes gobiernan y legislan deben decidir dentro de sus atribuciones y fundamentar sus decisiones. La conveniencia política puede influir en los tiempos de la discusión, pero no sustituye las obligaciones que efectivamente surjan de la Constitución, las leyes y las sentencias firmes. 

¿Por qué en otros países los jueces tienen remuneraciones diferenciadas? 

La remuneración judicial diferenciada no es una singularidad argentina ni una reivindicación exclusiva de los magistrados chaqueños. Constituye una característica presente en distintos sistemas constitucionales, aunque los mecanismos de determinación y actualización varían. 

El Consejo de Europa, a través de su Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), publicó en 2024 datos comparativos de los sistemas judiciales europeos. Según ese relevamiento, el salario bruto de los jueces representa, en promedio, 2,5 veces el salario nacional medio al comienzo de la carrera y 4,9 veces al final.[11] 

El dato permite observar que, en los países relevados, existe una diferencia significativa entre la remuneración judicial y el salario medio nacional, y que esa relación aumenta a lo largo de la carrera. Ofrece un parámetro comparativo para estudiar cómo distintos sistemas remuneran la función judicial. 

En Estados Unidos, el sistema judicial federal publica las remuneraciones de sus magistrados. Para 2026, la página oficial de los tribunales federales informa salarios anuales de 249.900 dólares para jueces de distrito, 264.900 dólares para jueces de circuito y 306.600 dólares para los jueces asociados de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema percibe 320.700 dólares anuales.[12] 

Brasil, por su parte, dispone de un panel del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) que permite consultar las remuneraciones de los magistrados de los distintos órganos judiciales. El sistema responde a exigencias de transparencia y acceso a la información pública.[13] 

Chile publica las escalas de remuneraciones vigentes de su Poder Judicial, junto con información sobre recursos humanos y escalafones. Paraguay también difunde las nóminas de magistrados y funcionarios, incluyendo salarios, bonificaciones y gastos de representación.[14][15] 

No se trata de trasladar mecánicamente los salarios de otros países al Chaco. Las economías, monedas, sistemas tributarios, estructuras judiciales y responsabilidades institucionales son diferentes. La comparación sirve para demostrar algo más importante: la remuneración judicial se considera una cuestión vinculada con el diseño y la protección de la función jurisdiccional. 

Chaco: una controversia que lleva más de veinte años 

El conflicto no comenzó con el proyecto legislativo de 2026. Lleva más de veinte años y atravesó distintas administraciones, normas y decisiones judiciales. 

La causa “Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ amparo” se inició en 2005. El litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció el 12 de noviembre de 2019.[1] 

Es importante precisar el alcance de aquella decisión: la Corte examinó la garantía de intangibilidad y también los límites de la competencia judicial frente a las atribuciones constitucionales de la Legislatura provincial para establecer por ley el régimen remuneratorio. No corresponde atribuirle a ese fallo, sin más, la imposición directa de una fórmula permanente de equiparación con la media nacional.[1] 

Luego se dictó la Sentencia 160/20 del Tribunal ad hoc del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. A partir de allí se sucedieron mecanismos normativos y nuevas actuaciones judiciales.[2] 

La Ley 3424-A estableció un adicional denominado “Ajuste por Revisión” y contempló, en su artículo 9, un mecanismo de análisis de la remuneración media de los poderes judiciales del país.[3] 

Posteriormente se dictaron las Resoluciones 163/23 y 196/24, que intimaron al Estado provincial a fijar un nuevo mecanismo de equiparación salarial con referencia a la media nacional.[4][5][18] 

El 11 de septiembre de 2026, Agencia Comunas publicó una nota sobre diferencias salariales entre jueces de igual cargo en distintas provincias y remitió a un relevamiento de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), fechado el 8 de julio de ese año.[7][10] 

En septiembre de 2026, mediante el Decreto 2131, el Poder Ejecutivo actualizó el “Ajuste por Revisión” para que las remuneraciones netas de determinados cargos judiciales no queden por debajo del promedio de Corrientes, Formosa y Misiones, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2026.[8] 

El 4 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el Proyecto de Ley 2141/26. La iniciativa propone un concepto remunerativo denominado “Intangibilidad”, destinado a los magistrados y funcionarios comprendidos en las condenas judiciales, con una equiparación gradual del 85%, 90%, 95% y 100% de la media nacional en cuatro semestres, además de revisiones posteriores.[6] 

La Asociación de Magistrados sostiene que el proyecto cumple el mandato judicial y que no afecta los haberes del resto de los trabajadores. La Intergremial, por su parte, reclama el rechazo y archivo de la iniciativa y defiende la aplicación del régimen salarial vigente y del artículo 9 de la Ley 3424-A.[6][18][19] 

El problema no es el diálogo: es confundir los ámbitos institucionales 

Los sindicatos tienen derecho a representar a los trabajadores, defender sus remuneraciones, peticionar y participar del debate público. Nadie debería cuestionar esa legitimidad. 

Pero una cuestión es la representación gremial y otra, distinta, es la legitimación para intervenir en un expediente judicial o decidir cómo debe cumplirse una sentencia. 

Del mismo modo, la Asociación de Magistrados tiene derecho a defender la independencia de la función judicial, pero la definición del régimen remuneratorio debe respetar las competencias que la Constitución asigna a los poderes políticos. 

El diálogo entre los sectores puede ayudar a encontrar una salida y evitar que el conflicto se agrave. Pero no puede convertirse en una condición indefinida para cumplir una sentencia. La obligación judicial no desaparece porque no exista acuerdo entre quienes tienen intereses distintos.

El gobernador y los diputados tienen responsabilidades propias. No alcanza con enviar un proyecto, escuchar a los sectores enfrentados y esperar que el conflicto se resuelva por desgaste. 

Si la iniciativa es jurídicamente adecuada, deben explicar sus fundamentos y asumir la decisión que corresponda. Si no lo es, deben presentar una alternativa compatible con la sentencia y con la Constitución. 

Buscar acuerdos es parte de la política. También lo es decidir cuando el acuerdo no llega. La responsabilidad de los poderes públicos no se agota en convocar reuniones o escuchar reclamos. La convocatoria a una mesa de diálogo entre magistrados y trabajadores también fue planteada públicamente por el diputado provincial Atlanto Honcheruk, según informó Diario Norte el 17 de noviembre de 2026.[9] 

El costo político de decidir y el costo jurídico de no hacerlo 

La cuestión central no es presumir que el poder político busca agradar a ambos sectores, sino examinar si está evitando asumir el costo político de decidir. La existencia de una oposición gremial puede ser un dato del debate público, pero no releva a los poderes del Estado de sus responsabilidades constitucionales. 

No sería riguroso afirmar que el gobernador o los legisladores actúan por temor sin contar con evidencia que lo demuestre. Pero sí es legítimo examinar si la conveniencia política está condicionando el tratamiento de una cuestión constitucional. 

La demora tampoco garantiza un ahorro para la provincia. Según el contenido y el alcance de las decisiones judiciales, y lo que ocurra en el expediente, podrían plantearse nuevas incidencias de ejecución, diferencias retroactivas, intereses o costas. 

Y, por encima de la dimensión económica, existe un costo institucional: el debilitamiento de la confianza ciudadana en la obligatoriedad de las sentencias y en la división de poderes. 

Los valores constitucionales no son piezas intercambiables 

La independencia judicial, la intangibilidad de las remuneraciones, los derechos laborales, la división de poderes y la obligatoriedad de las sentencias no son piezas intercambiables de una negociación política. Son principios que deben articularse y protegerse dentro de un mismo sistema constitucional. 

El Estado no puede invocar los derechos de los trabajadores para relativizar la independencia judicial. Tampoco puede utilizar la intangibilidad para desconocer los derechos laborales del personal.

La garantía de independencia no significa inmunidad frente al control institucional. Los magistrados deben rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, respetar los plazos legales y prestar un servicio de justicia eficaz. La evaluación de su desempeño debe realizarse mediante mecanismos objetivos y compatibles con la independencia jurisdiccional. 

Los ciudadanos necesitan jueces independientes y, al mismo tiempo, un servicio de justicia que funcione, sea accesible y rinda cuentas. Ninguna de esas exigencias debería utilizarse para desacreditar la otra. 

Cuando la sociedad termina interpretando que el juez reclama un privilegio y el empleado defiende su salario, el poder político evita asumir el costo de decidir 

Esta es, quizá, la consecuencia más preocupante del conflicto: que la discusión pública termine reducida a tres intereses sectoriales y que desaparezca del centro la razón de ser de todo el sistema judicial. 

El juez parece reclamar un privilegio. El empleado parece defender su salario frente a una amenaza. Y el poder político puede terminar evitando asumir el costo de adoptar una decisión institucional. 

Pero detrás de esas representaciones está el ciudadano, que necesita una Justicia independiente para que sus derechos no dependan del poder económico, de las mayorías políticas ni de las presiones de ningún sector. 

Una sociedad no se ordena relativizando sus principios constitucionales según la conveniencia de cada coyuntura. Se ordena cuando sus representantes explican qué valores deben protegerse, respetan las competencias institucionales y asumen las decisiones que les corresponden. 

La independencia judicial no es un beneficio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos. 

Pagar adecuadamente a quienes ejercen la magistratura no es un privilegio: es una de las condiciones materiales para sostener esa garantía. Y cumplir una sentencia firme no es una opción política: es una obligación del Estado. 

La verdadera discusión del Chaco no debería ser quién gana la disputa salarial. Debería ser qué calidad de Estado de derecho está dispuesto a garantizar la provincia a sus ciudadanos. 

 

Dr. MIGUEL ALEJANDRO ARMOA 

Abogado – M.P. N° 3952 S.T.J. Chaco 

Dr. EMILIANO NÚÑEZ 

Abogado – M.P. N° 6850 S.T.J. Chaco 

 

 

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