Demanda contra el Estado y el Poder Judicial por una polémica resolución del juez Mianovich: ¿Cuál fue su error?
Leandro Donato Retamozo, único heredero de un empresario chaqueño fallecido, presentó una demanda judicial contra el Estado Nacional y el Poder Judicial de la Nación por lo que considera una “virtual expropiación” de bienes decidida por el juez federal Ricardo Mianovich, tras ordenar el decomiso de propiedades y vehículos sin una condena firme por lavado de dinero. La causa podría reavivar tensiones dentro de la Justicia Federal del Chaco y sumar presión sobre la figura del magistrado, ya cuestionado por otras decisiones controvertidas.
El error de un juez que no tiene experiencia en lo penal
El juez Ricardo Mianovich cometió un grave error procesal tras la muerte de Omar Naldo Retamozo: al disponer la entrega de bienes del fallecido —incluidos terrenos al Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, y un vehículo al presidente del Tribunal de Cuentas— omitió un paso clave y obligatorio.
Según el procedimiento legal, ante la muerte del imputado, el juez puede tomar posesión de los bienes, pero debe notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF) o a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y aguardar instrucciones. Mianovich, sin embargo, no solo omitió esta comunicación, sino que instruyó a los registros públicos que anoten la transferencia como definitiva y no provisoria, como corresponde.
Esto generó un fuerte malestar en la UIF, que fue directamente salteada. El trasfondo, señalan fuentes judiciales consultadas por Infoqom, es que Mianovich proviene del fuero administrativo, no penal, y que su designación fue política. Su experiencia técnica en el Tribunal de Cuentas –de ahí proviene, y uno de los bienes de Retamozo fue para ese organismo- es reconocida, pero en este caso, su actuación fue calificada como un “mocazo” jurídico que podría tener consecuencias institucionales.
La experiencia técnica en el Tribunal de Cuentas de Ricardo Mianovich -de ahí proviene, y uno de los bienes de Retamozo fue para ese organismo- es reconocida, pero en este caso, su actuación fue calificada como un “mocazo” jurídico que podría tener consecuencias institucionales.
La demanda a la que accedió Infoqom
La presentación fue realizada por el abogado Reynaldo Pisarello, en representación de Retamozo, ante la Justicia Civil y Comercial de Sáenz Peña. En el escrito, al que accedió Infoqom, el letrado reclama la restitución de numerosos bienes inmovilizados en el marco de una causa penal por presunto lavado de activos iniciada en 2018 contra Omar Naldo Retamozo, tío del demandante. Entre los bienes secuestrados figuran varias camionetas de alta gama, camiones, semirremolques y varios inmuebles ubicados en el departamento O’Higgins.
La demanda también incluye un pedido de reparación por los daños y perjuicios económicos causados por las medidas cautelares, que –según el actor– impidieron a su representado continuar con las actividades comerciales y cumplir obligaciones alimentarias con sus hijos.
Un fallo tras la muerte del imputado
El conflicto se desató este 2025, cuando el juez federal Mianovich dictó el sobreseimiento por fallecimiento de Omar Naldo Retamozo, pero ordenó igualmente el decomiso de su patrimonio en aplicación del artículo 305 del Código Penal, que permite confiscar bienes de origen ilícito. La decisión fue cuestionada por la defensa por considerar que no se había producido prueba suficiente ni se había garantizado el derecho de defensa del heredero.
“Se trata de una expropiación encubierta”, afirma el abogado Pisarello, quien señala que los bienes fueron adquiridos legalmente por el padre de su cliente tras años de actividad en la construcción, venta de materiales y automotores.
“Se trata de una expropiación encubierta”, afirma el abogado Pisarello, quien señala que los bienes fueron adquiridos legalmente por el padre de su cliente tras años de actividad en la construcción, venta de materiales y automotores. Añade que no existe ningún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la UIF y que los ingresos fueron bancarizados y fiscalizados por la AFIP, que no encontró irregularidades tras varias inspecciones.
La interna familiar y el rol del denunciante
La denuncia que dio origen a la causa penal fue realizada por otro hermano de Omar Naldo, Ricardo Donato Retamozo, quien —según la demanda— inició una “cruzada de calumnias e injurias” con el fin de obtener una parte de los negocios familiares. La querella señala que Ricardo es “un ludópata sin profesión ni actividad conocida” y que su motivación no fue el interés público, sino el reclamo económico contra sus hermanos.
Además, la presentación detalla que Ricardo Retamozo ya había sido denunciado por amenazas, abuso de armas y extorsión en el fuero provincial, sin que esas causas hayan sido consideradas por el juzgado federal a la hora de valorar la credibilidad del denunciante.
Un reclamo con potencial institucional
La demanda cuestiona duramente la actuación del fiscal federal Patricio Sabadini y del juez Mianovich, acusándolos de no haber investigado adecuadamente ni permitido al heredero ofrecer prueba en el expediente penal. “Nunca les interesó la verdad de los hechos”, señala el escrito. También advierte sobre una posible violación del principio de non bis in idem, ya que el origen del incremento patrimonial fue objeto de regularización fiscal bajo los términos de la Ley 26.735.
La demanda cuestiona duramente la actuación del fiscal federal Patricio Sabadini y del juez Mianovich, acusándolos de no haber investigado adecuadamente ni permitido al heredero ofrecer prueba en el expediente penal. “Nunca les interesó la verdad de los hechos”, señala el escrito. También advierte sobre una posible violación del principio de non bis in idem, ya que el origen del incremento patrimonial fue objeto de regularización fiscal bajo los términos de la Ley 26.735.
En su demanda, Retamozo solicita la devolución inmediata de los bienes y el levantamiento de embargos e interdicciones, así como la realización de peritajes contables e informes oficiales que demuestren el origen lícito de los activos en disputa.
Este nuevo frente judicial promete volver a poner en discusión los límites de la potestad penal del Estado y el uso de figuras como el decomiso sin condena, mientras crece el escrutinio público sobre el desempeño de la Justicia Federal en el interior del país.
Retamozo solicita la devolución inmediata de los bienes y el levantamiento de embargos e interdicciones, así como la realización de peritajes contables e informes oficiales que demuestren el origen lícito de los activos en disputa.
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