Denuncian ante el Consejo de la Magistratura al fiscal Robineau y la jueza González Cabañas
La presentación se realizó en el día de la fecha (10 de junio 2024) bajo el patrocinio letrado de la doctora Mónica Colunga. La tipificación es por mal desempeño en las funciones de los altos funcionarios judiciales.
En los corrillos tribunalicios y mediáticos, se habla de que sería la primera de otras actuaciones que señalarían un «modus operandi» del tándem que de acuerdo a un falló de la corte suprema de justicia de la nación, mal procedió y juzgó a «Josele» Altamirano. La propia madre, de quién pasó 8 años en prisión, indebidamente, expresó en medios de comunicación que accionaría legalmente contra el fiscal y la jueza (radio sudamericana).
Objetados también en la llamada «causa terrenos» hasta el propio Ministro de Justicia de la Nación, en su momento asistente de una de las implicadas, hubo de poner el foco en la violación de los tratados internacionales y derechos fundamentales en la instrucción de la causa (diario el libertador, Corrientes).
La denunciante en su detallada y concisa presentación, refiere entre varias irregularidades: «En el marco del proceso se obró con desdén y menosprecio hacia mi persona. Se centraron en el carácter, subjetividad y personalidad, desmereciendo y poniendo en duda mis declaraciones, mellando mi integridad personal. No se aplicó el protocolo de protección a las víctimas de violencia de género como está previsto. No se me brindó un tratamiento psicológico de acompañamiento que permitiera restauración y fortalecimiento. A fs. 36 de éstos actuados el fiscal pide certificado médico de enfermedades que hayan sido padecidas tras el acceso carnal y una “amplia evaluación psicológica a tenor del hecho denunciado en éstos obrados, a fin de determinar “si el niño” presenta signos o síntomas compatibles con violentización sexual, tendencia a la fabulación y/o distorsión de la realidad, si puede diferenciar la realidad de la ficción, si su discurso se encuentra influenciado por terceros…”. Curiosa redacción en la que en un momento se refiere al niño, cuando la violentada es una mujer. Manda a evaluar si tiene tendencia a fabular, cosa que no se hizo con el imputado, quien sí le mintió a la Justicia».
La apertura de un proceso como el presente, redundaría en beneficios para la sociedad toda, que de acuerdo a todas y cada una de las investigaciones de opinión pública, refiere de un alto descreimiento al poder judicial y sus actuaciones, opacas, poco claras o nulamente observadas, constituyéndose ante la sociedad en una verdadera casta nutrida de privilegios y desapegada de su rol esencial, en una sociedad democrática y ávida de transparencia y de claridad en lo administración de lo público.
Finalmente, recuerdan que el ingreso a su sitial, fue reconocido por el propio fiscal en una audiencia pública, que se lo debía a la incidencia política : «Cuento una anécdota, el día que él llegó a la indagatoria, José María Roldán, yo no lo conocía, pero sé que tuvo intervención en mi designación como fiscal, porque recordemos que cuando yo asumí como fiscal, eh… incluso nunca tuve la oportunidad de agradecerle y ahora seguramente lo puedo decir: gracias por ponerme acá” (Diario Norte de Corrientes. 8 de Junio de 2019).
La jueza González Cabañas, fue vetada en su ingreso por el miembro del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Fernando Niz, de acuerdo a lo que refiere el proyecto de intervención al poder judicial de la provincia, presentado por el entonces senador nacional José María Roldán: «En el acuerdo Nro. 3 ( ver página web del poder judicial de la Provincia de Corrientes) se efectuó esta ilegal designación y por ello la solitaria voz del Ministro Fernando Niz se alzó contra el acto ilegal e ilegítimo y fundamento la postura, hicieron caso omiso de los señalamientos que este le efectuara y avanzaron con la designación de una funcionaria de manera ilegal, María Josefina González Cabañas» (Proyecto de Ley. Senado de la Nación, 4253/12)
