Designaciones a dedo, desplazamientos y persecución interna: Herlein convierte la Fiscalía del Chaco en su feudo personal
En la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco se despliega un escandaloso esquema de manipulación institucional, armado a medida por su actual titular, el Fiscal Roberto Alejandro Herlein. Desde su llegada, no solo ignoró el principio constitucional del concurso público, sino que ha promovido designaciones arbitrarias, desplazado a funcionarios legítimos y montado una estructura paralela para beneficiar a su entorno más cercano.
El desplazamiento silencioso de una concursada
La Dra. Lorena Andrea Quevedo concursó legítimamente para ocupar el cargo de Fiscal de Estado. Sin embargo, pese a su desempeño y múltiples impugnaciones contra irregularidades del proceso, el puesto fue adjudicado finalmente a Herlein. Como consuelo institucional, Quevedo conservó su cargo anterior como Procuradora General, una posición clave en la jerarquía interna.
Pero la rivalidad no quedó ahí. En una clara estrategia para aislarla y neutralizarla, Herlein trajo consigo a Marilina Ramírez, quien fuera su secretaria durante su efímero paso por la judicatura. Designada “provisoriamente” como Secretaria Relatora, Ramírez actúa de hecho como Procuradora General, asumiendo funciones que legalmente corresponden a Quevedo, quien ha quedado reducida a una figura decorativa dentro del organigrama, “pintada al óleo”, según describen fuentes internas.
Favores cruzados y creación de cargos a medida
La intervención de Ramírez no es la única maniobra. Mediante la Actuación Electrónica E18-2025-468-Ae —con participación de Fernando Petri y Matías Kuray—, se rediseñaron los porcentajes de cargos y bonificaciones para beneficiar a ella y a tres directores aliados. La reestructuración tiene como propósito final crear una nueva Dirección de Sumarios, que será ocupada por Patricia Unamuno, exsubsecretaria y miembro del tribunal que seleccionó al propio Herlein como Fiscal, además de su celebrante matrimonial.
Patricia Unamuno, tomando juramento en el casamiento de Herlein.
Una estructura jerárquica usada para el control y el miedo
Más allá del favoritismo, Herlein construyó un aparato de persecución interna. Procuradores denuncian presiones, amenazas y monitoreo constante, sobre todo cuando sus honorarios superan los del propio Fiscal. En vez de fomentar el profesionalismo, Herlein impone un régimen de sumisión y competencia personal, como si la Fiscalía fuera su despacho privado.
Institucionalidad en riesgo
Las acciones del Fiscal de Estado contravienen de forma directa los principios de transparencia, equidad y legalidad que debe resguardar su función. Al desplazar a la única funcionaria que accedió a su cargo por concurso —Quevedo— y colocar a una colaboradora leal como ejecutora directa, Herlein ha armado una estructura paralela que responde solo a sus intereses. Probablemente, si hubiera transparencia en su gestión, se podría descubir el uso de recursos públicos y tiempos institucionales para gestionar acciones vinculadas a su patrimonio personal.
Lo que sucede hoy en la Fiscalía de Estado del Chaco no es una mera anomalía administrativa: es la consolidación de un poder feudal en pleno siglo XXI. La ciudadanía, los organismos de control y la justicia deben actuar con urgencia para desarticular este entramado de poder personalista que pone en jaque la institucionalidad provincial.
Ante este escenario de arbitrariedad, abuso de poder y uso personal de la estructura estatal, la ciudadanía y los profesionales internos como externos exigen una reacción firme del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Quienes serán elegidos este domingo como nuevos diputados provinciales tienen la responsabilidad de actuar de inmediato para restablecer el orden institucional en la Fiscalía de Estado.
La Constitución de la Provincia del Chaco, en su artículo 141, establece que los funcionarios que violen sus deberes pueden ser removidos por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o por delito común, mediante juicio político. Este mecanismo constitucional debe dejar de ser una herramienta simbólica y convertirse en una herramienta activa de saneamiento institucional.
Es necesario que el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores que resulten electos este domingo 12 de mayo, inicien las actuaciones legales correspondientes para evaluar la conducta del Fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, quien ha vulnerado de forma sistemática su deber esencial: velar por la legalidad y proteger el patrimonio jurídico de la Provincia.
El silencio ante estos hechos no es neutralidad: es complicidad. La democracia no se defiende solo en los discursos, sino en los actos concretos.
