El caso «Mi Pueblo» entra en su recta final: el 30 de junio se conocerá el veredicto contra Aída Ayala y otros exfuncionarios
El juicio oral por la causa conocida como «Mi Pueblo», que involucra a la exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Ayala, llegará a su fin el próximo 30 de junio. Ese día, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dará a conocer el veredicto contra la dirigente radical y otros tres imputados: sus excolaboradores Matías Balmaceda y Miguel Ángel Vilte, y el exintendente de Quitilipi, Carlos Casalboni.
Todos están acusados por presunta defraudación al Estado a través del direccionamiento de fondos públicos con sobreprecios para la compra de maquinaria, en beneficio de empresas vinculadas a contrataciones municipales. El fiscal federal Federico Carniel pidió penas de cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Ayala, Balmaceda y Vilte, a quienes considera responsables de una maniobra fraudulenta en la que también participaron empresarios.
Durante la última audiencia, Carniel confirmó que el empresario Claudio Toledo, titular de la firma «Service Hogar», accedió a una suspensión del juicio a prueba (probation). El acuerdo incluye el pago de 6 millones de pesos en concepto de reparación del daño, el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años y la inhabilitación para contratar con el Estado en Quitilipi. “Se hizo el trámite y se concedió la probation”, explicó el fiscal, quien remarcó que si bien Toledo fue parte del circuito irregular, su nivel de responsabilidad penal es menor que el de los funcionarios.
Una trama de corrupción en la gestión de fondos públicos
La investigación gira en torno a un convenio firmado en 2016 entre la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, a cargo entonces de Ayala, y el municipio de Quitilipi, gobernado por Casalboni. El acuerdo preveía la entrega de un subsidio de 960 mil pesos para la compra de herramientas y maquinaria. Según la acusación, los fondos fueron direccionados hacia «Service Hogar», una empresa sin local comercial que se dedicaba a la reparación de electrodomésticos y aires acondicionados.
El fiscal federal Patricio Sabadini —quien impulsó la acusación durante la etapa de instrucción— sostuvo que el procedimiento fue manipulado para favorecer a la firma de Toledo, con participación activa de Balmaceda y Vilte, exfuncionarios cercanos a Ayala. En el juicio, Carniel dio por probada esa hipótesis y calificó el hecho como un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El vínculo entre los implicados fue un eje del alegato del fiscal: Balmaceda fue yerno de Ayala y tanto él como Vilte fueron funcionarios municipales durante su intendencia en Resistencia. Además, Vilte ya fue procesado en otra causa por corrupción que también involucra a Ayala, y durante el juicio reconoció su relación personal con Toledo.
Juicio abreviado y antecedentes
Carlos Casalboni, entonces intendente de Quitilipi, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. Su defensa aceptó una pena de dos años de prisión condicional, que deberá ser homologada por el tribunal una vez finalizado el juicio. “De no prosperar un planteo de prescripción presentado por su defensa, debería ser condenado también”, indicó Carniel.
En su declaración ante el tribunal, Ayala se desligó de las acusaciones y aseguró que su rol se limitó a aprobar formalmente un subsidio solicitado por el municipio de Quitilipi. Su defensa pidió la absolución. No obstante, Casalboni la comprometió al afirmar que “Aída Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”.
El caso cobra mayor relevancia porque Ayala ya fue condenada en otra causa por administración fraudulenta durante su gestión como intendenta de Resistencia. En 2014 adjudicó de manera irregular el servicio de recolección de residuos a la empresa Pimp S.A., mediante contratos por 260 millones de pesos. Por ese hecho recibió una condena a tres años de prisión, que actualmente está apelada ante la Cámara de Casación Penal. En ese proceso, el fiscal Carniel pidió que también sea condenada por lavado de dinero.
La expectativa por el veredicto
El fiscal federal Federico Carniel confirmó en declaraciones a los medios que el próximo 30 de junio se dará a conocer el veredicto contra Aída Ayala, Matías Balmaceda, Miguel Ángel Vilte y Carlos Casalboni.
El cierre del juicio marcará un hito en la provincia del Chaco, donde los procesos por corrupción que involucran a exfuncionarios de alto rango están cada vez más bajo la lupa. La causa «Mi Pueblo» es una de las investigaciones federales más significativas de los últimos años y podría representar un nuevo revés judicial para una de las figuras más emblemáticas del radicalismo chaqueño.
