El Gobierno descarta por ahora derogar la ley del aborto pese a las declaraciones contra la interrupción voluntaria del embarazo

Pese a las recientes declaraciones de referentes del oficialismo en contra del aborto, el Gobierno de Javier Milei no tiene previsto, al menos por ahora, avanzar con la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La discusión volvió a instalarse en la agenda política nacional, aunque desde la Casa Rosada buscan diferenciar las posiciones personales de algunos dirigentes de una decisión concreta de modificar la legislación vigente.

  La posibilidad de revisar la normativa volvió a quedar en el centro del debate luego de distintas expresiones públicas contra el aborto. Sin embargo, según la información publicada este domingo, el Poder Ejecutivo no contempla actualmente impulsar un proyecto para eliminar la ley.

  La Ley 27.610 fue sancionada por el Congreso a fines de 2020 y establece el marco legal para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Su eventual derogación requeriría una nueva discusión parlamentaria y la construcción de mayorías legislativas.

  En este escenario, el Gobierno optaría por no abrir por ahora un nuevo frente legislativo sobre un tema que históricamente generó fuertes divisiones políticas y sociales.

  Las declaraciones de dirigentes del oficialismo volvieron a poner el tema sobre la mesa, pero no se tradujeron hasta el momento en una decisión formal de avanzar contra la legislación. La Casa Rosada mantiene así una posición de cautela frente a una eventual modificación de la normativa.

  El debate se produce además en un contexto en el que Argentina recientemente adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional de carácter conservador que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y defiende la soberanía de los Estados para establecer sus propias políticas.

  La adhesión generó nuevas lecturas políticas sobre la posición del Gobierno frente al aborto, aunque no implica por sí misma la derogación de la legislación argentina vigente.

  Por ahora, entonces, el escenario es de continuidad: pese a las expresiones públicas contra el aborto, el Gobierno no prevé avanzar inmediatamente con la derogación de la Ley 27.610. Cualquier intento de modificarla requeriría una decisión política concreta y, posteriormente, el tratamiento correspondiente en el Congreso.

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