El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de ahorros no declarados
El Gobierno nacional presentó en el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de fomentar la incorporación de los denominados «dólares del colchón» al circuito formal de la economía. La iniciativa propone modificaciones al régimen tributario vigente, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherirse y redefine los criterios de fiscalización para quienes se sumen al esquema.
La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Economía y busca generar un marco de mayor previsibilidad para que personas con ahorros no declarados puedan regularizar su situación sin enfrentar restricciones que, según el Gobierno, desalentaban la adhesión al régimen vigente.
Entre las principales modificaciones figura la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse la ley, un mayor número de contribuyentes podrá acceder a este mecanismo, aunque los Grandes Contribuyentes Nacionales mantendrán un tratamiento diferencial.
El texto también establece que quienes ingresen al régimen contarán con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios contemplados por la normativa, siempre que cumplan con las condiciones previstas.
Otro de los cambios apunta al sistema de control fiscal. El proyecto redefine qué situaciones podrán ser consideradas inconsistencias relevantes durante una fiscalización y limita las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para revisar las declaraciones de quienes adhieran al régimen. Además, incorpora mecanismos que permitirán corregir declaraciones juradas sin perder los beneficios otorgados por la ley en determinados supuestos.
Desde el equipo económico sostienen que la iniciativa pretende movilizar recursos que hoy permanecen fuera del sistema financiero para que puedan destinarse al consumo, la inversión y el financiamiento de la actividad productiva. El proyecto deberá ahora ser debatido por ambas cámaras del Congreso antes de convertirse en ley.
