El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a prisión y deje la domiciliaria

El Gobierno nacional solicitó formalmente que Milagro Sala regrese a una cárcel común y se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria que cumple desde 2017. El pedido fue realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una revisión de las medidas que alcanzan a la dirigente social jujeña.

Según informó el Ministerio de Justicia, el planteo apunta a que Sala cumpla de manera efectiva su condena de 15 años de prisión, dictada por la Justicia de Jujuy y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La pena incluye además inhabilitación absoluta, tras haber sido hallada culpable de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, extorsión y amenazas.

Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvieron que la prisión domiciliaria se transformó en un privilegio injustificado y remarcaron que la dirigente de la organización Túpac Amaru “debería estar cumpliendo su condena tras las rejas, como cualquier otro condenado”.

En la presentación ante la CIDH, el subsecretario Joaquín Ignacio Mogaburu rechazó los planteos de la defensa sobre un supuesto “hostigamiento judicial” y aportó documentación que, según el Gobierno, demuestra incumplimientos concretos del régimen domiciliario. Entre ellos, se señaló que Sala cambió de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en controles adicionales.

El Ejecutivo nacional afirmó que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero cuestionó que la medida dispuesta por el tribunal internacional haya derivado en un beneficio excepcional. En ese sentido, enfatizó que los derechos humanos “no deben ser utilizados para garantizar impunidad”.

Cabe recordar que Milagro Sala quedó habilitada el mes pasado para solicitar la libertad condicional, al haber cumplido dos tercios de su condena. Sin embargo, el Gobierno reiteró que el lugar para cumplir una pena firme es la cárcel y no el domicilio particular.

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