El Tribunal Federal detalló cómo se vaciaron los programas de viviendas sociales en el Chaco
La "Década Ganada de Coqui Capitanich": se robaron 1.909 casas, solo en este Programa de Viviendas
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia en la causa Hipperdinger, un expediente que desnuda un esquema sistemático de malversación de fondos públicos destinados a viviendas sociales para comunidades indígenas y sectores vulnerables del Chaco. Millones transferidos, casas que nunca se terminaron y un crecimiento patrimonial que no cerró por ningún lado.
El Poder Judicial de la Nación publicó los fundamentos de la Sentencia Nº 99/2025, dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en la causa que investigó durante años el destino de fondos nacionales enviados al Chaco para la construcción de viviendas e infraestructura básica en zonas de extrema vulnerabilidad social.
El fallo reconstruye con crudeza cómo, entre los años 2011 y 2016, se transfirieron más de 930 millones de pesos a cooperativas de trabajo, muchas de ellas con funcionamiento irregular o directamente inexistente, mientras que los informes del IPDUV elevan esa cifra a más de 1.023 millones de pesos. El resultado fue demoledor: de 2.448 viviendas adjudicadas, apenas 539 se terminaron, dejando un 78% de obras inconclusas o inexistentes.
Al no ser construidas, podríamos decir que se robaron 1.909 casas, solo en este Programa de Viviendas»
Según quedó probado en el juicio, el eje del entramado se montó sobre una red de cooperativas concentradas en Villa Río Bermejito y localidades del Impenetrable chaqueño, cuyos presidentes actuaban como meros firmantes mientras el manejo real del dinero quedaba en manos de un reducido grupo familiar. Testimonios incorporados al debate relataron que los integrantes de las cooperativas —en muchos casos personas analfabetas o en situación de extrema pobreza— eran trasladados a cobrar a los bancos, firmaban la documentación y el dinero nunca quedaba en su poder.
El fallo también pone el foco en la dramática contradicción social: los fondos investigados estaban destinados a comunidades indígenas que atravesaban una verdadera emergencia humanitaria, reconocida incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con falta de agua potable, desnutrición, enfermedades endémicas y viviendas precarias. Mientras tanto, la investigación detectó un exponencial crecimiento patrimonial de los imputados, con hoteles, cabañas turísticas, supermercados, corralones, estaciones de servicio, vehículos de alta gama y propiedades dentro y fuera de la provincia.
Uno de los aspectos más graves señalados por el tribunal es la desnaturalización total de la política pública. Programas creados para garantizar el derecho a una vivienda digna y reparar desigualdades históricas terminaron siendo utilizados —según la sentencia— como vehículo para la apropiación privada de recursos estatales, con auditorías deficientes y controles prácticamente inexistentes.
El fallo deja además una advertencia institucional: el caso no se explica únicamente por maniobras individuales, sino por un contexto de connivencia, desidia y falta de control estatal, que permitió durante años el desvío de fondos en una de las regiones más pobres del país.
La sentencia marca un hito judicial en el Chaco, no solo por la magnitud económica del fraude investigado, sino porque expone cómo, detrás de cifras y expedientes, hubo miles de familias que siguieron esperando una vivienda que nunca llegó.
