En las últimas horas, una presentación judicial radicada en la capital chaqueña volvió a encender las alarmas sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los menores institucionalizados bajo la tutela del Estado. El acta policial denunciado por una abuela expone un circuito de desatención preocupante: niñas que se escapan de un hogar acusando maltratos físicos, una intervención policial estrictamente procedimental y un organismo especializado —la Línea de Asistencia 102— que, lejos de activar un protocolo de resguardo excepcional en un entorno seguro, terminó reingresando a las víctimas al foco del conflicto.

El hecho se desencadenó cuando tres menores de edad (de 9, 11 y 13 años) lograron evadirse de un hogar de niños ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 600, en la ciudad de Resistencia, a escasos metros de la Comisaría Segunda. Desesperadas, acudieron al domicilio de un familiar para manifestar de manera contundente que habían sido agredidas físicamente por parte de las cuidadoras del establecimiento. Según consta en el escrito judicial, las niñas relataron que los episodios de violencia física y malos tratos hacia las internas son constantes dentro de la institución.

Un laberinto burocrático que falló en proteger

Tras la recepción de las menores en una vivienda particular, se solicitó la presencia del personal policial de la provincia, quien hasta les consiguió ropas a las menores. Los efectivos procedieron a trasladar a las niñas en primera instancia a la División de Medicina Legal —para constatar de forma científica las lesiones denunciadas— y, posteriormente, las derivaron a la Línea 102, el organismo de atención telefónica y territorial que, por ley, debe velar por la promoción y protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Sin embargo, lo que debió ser un espacio de contención, peritaje urgente e interrupción del riesgo, derivó en una resolución estrictamente administrativa. Tras finalizar las diligencias de entrega por parte del personal policial, las menores fueron restituidas y trasladadas nuevamente al hogar donde residen sus presuntas agresoras. Las ropas conseguidas, les fueron quitadas.

La celeridad con la que el sistema devolvió a las niñas al mismo predio del que habían huido generó una profunda consternación y temor generalizado en su entorno familiar. En la misma denuncia penal se dejó asentado el miedo latente a que las internas sufran represalias físicas o psicológicas aún peores por haber visibilizado la situación de violencia ante las autoridades policiales. La fiscal ordenó ayer, que se le notifique Supuestas Lesiones y continúe en libertad la cuidadora denunciada.

Respuestas que justifican el maltrato

Ayer, agentes policiales hallaron nuevamente a las menores y tenían moretones en sus brazos, razón por la cual la abuela de las mismas realizó una ampliación de denuncia.

El testimonio que acompaña las actuaciones judiciales añade un elemento de extrema gravedad sobre la cultura interna que se viviría en el establecimiento de la Avenida Rivadavia. De acuerdo con lo denunciado por la abuela que acudió al hogar a pedir explicaciones tras enterarse de las golpizas, dos de las cuidadoras señaladas intentaron justificar el trato hostil alegando que las niñas internas «tenían mucha maldad en su piel» y que reaccionaban de esa manera «porque las trataban mal en el interior».

La radicación de esta causa penal busca de forma urgente que alguna entidad estatal verdaderamente competente e independiente intervenga el dispositivo de cuidado, aparte a las trabajadoras involucradas en las denuncias por agresiones y garantice que la Línea 102 asuma su labor de manera óptima y con perspectiva de derechos humanos, dejando de lado los automatismos burocráticos que terminan desoyendo el grito de auxilio de las infancias más postergadas de la provincia.