Inocencia fiscal y Ganancias: Diputados dio media sanción a un giro en el control tributario
La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de ley impulsado por el oficialismo que introduce el principio de “inocencia fiscal”, una iniciativa que redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes al modificar el régimen penal tributario, los mecanismos de fiscalización y el esquema de declaración del Impuesto a las Ganancias. Aunque el debate público lo asocia con los llamados “dólares del colchón”, el texto no contempla un blanqueo de capitales ni cambios estructurales en los impuestos vigentes.
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio y obtuvo respaldo en la Cámara baja junto con la aprobación del Presupuesto 2026. Su objetivo declarado es simplificar los controles, reducir la carga administrativa y limitar la persecución penal, partiendo de la presunción de que el contribuyente es cumplidor, salvo que existan pruebas concretas en sentido contrario.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del Régimen Penal Tributario. La iniciativa actualiza los montos mínimos que determinan cuándo una infracción pasa del ámbito administrativo al penal, valores que permanecían congelados desde 2017 y que ahora se ajustan por inflación. Además, se mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente cancela la totalidad de la deuda y los intereses antes de que intervenga la Justicia, beneficio que podrá utilizarse una sola vez.
El texto también introduce límites explícitos a la persecución penal en los casos en que no pueda demostrarse la existencia de dolo. Esto incluye situaciones en las que el contribuyente haya aplicado criterios interpretativos razonables o haya presentado la declaración jurada con anterioridad a una fiscalización. A su vez, se establece que la acción penal se extinguirá si prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo.
En materia de procedimientos, el proyecto reduce de cinco a tres años el plazo general de prescripción para contribuyentes cumplidores, mantiene en diez años el plazo para no inscriptos y elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio. Con estos cambios, la administración tributaria deberá actuar dentro de plazos más acotados.
Otro punto clave es la creación de un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio que no supere los $10.000 millones. En este esquema, el organismo recaudador confeccionará la declaración con la información disponible y, si el impuesto se paga en término, el contribuyente quedará liberado de otras obligaciones formales, salvo casos de irregularidades graves.
Si bien la iniciativa podría tener efectos indirectos sobre ahorros no declarados, al limitar el uso de presunciones basadas en incrementos patrimoniales, el proyecto no habilita mecanismos específicos de exteriorización de activos. La fiscalización seguirá siendo posible cuando existan inconsistencias relevantes.
Especialistas advierten que el éxito de la norma dependerá de una modernización profunda del organismo recaudador, con mayor inversión en tecnología y análisis de información. En ese contexto, la ley de Inocencia Fiscal plantea un cambio de reglas que busca priorizar el cumplimiento voluntario y redefinir la relación entre los contribuyentes y el sistema tributario.
