Juicio por YPF: presentaron descargos y el Gobierno asegura que Kicillof entorpece la posición argentina
Nuevos movimientos en la disputa legal en EEUU por la expropiación de YPF, por la que Argentina fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones por la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien además ordenó transferir las acciones del Estado en la empresa (51%) al bufete inglés Burford Capital, Argentina presentó una serie de documentos en los que se defiende.
“Argentina sigue dando pelea contrarreloj en la causa YPF y anoche presentó dos escritos. Continuamos esperando que la jueza Loretta Preska se expida sobre el pedido de suspensión solicitado y fortaleciendo lo que será la apelación formal a la sentencia de turnover de la semana pasada», destacaron desde la Procuración del Tesoro, el ente oficial que ejerce la defensa del Estado.
“En lunes 7, los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge presentaron su oposición al pedido de suspensión del turnover efectuado por Argentina. En el escrito de Petersen/Eton se cita y acompaña transcripción traducida de la conferencia del Gobernador Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”, señaló
En su escrito de respuesta al fondo Bainbridge, Argentina señaló que la orden judicial firmada por la jueza Preska implicaría una alteración sustancial del statu quo legal, político y operativo. Según el argumento del Gobierno, ejecutar la transferencia de las acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon —como paso previo a que queden bajo control de Burford Capital— no solo implicaría violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, sino que también generaría consecuencias legales y contractuales irreversibles en la estructura financiera de la petrolera.
“La República sería despojada de su participación mayoritaria en YPF”, advirtió el escrito. Ese cambio de control, afirmaron los abogados del Estado, activaría cláusulas de deuda contenidas en los instrumentos financieros de YPF, que podrían obligar a pagos anticipados a acreedores, con impacto directo sobre la compañía, sus accionistas y sus más de 23.000 empleados. Se citó incluso el Formulario 20-F del año 2024 presentado por YPF ante la SEC, en el que se alerta sobre los riesgos legales de un cambio accionario forzoso.
