Julio De Vido fue trasladado a su chacra de Zárate para cumplir prisión domiciliaria

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue trasladado este lunes desde el penal de Ezeiza hacia su chacra ubicada en la ciudad bonaerense de Zárate, donde comenzará a cumplir el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por la Justicia Federal en el marco de la condena por la Tragedia de Once.
La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorizó el arresto domiciliario luego de evaluar distintos informes médicos vinculados al estado de salud del ex funcionario kirchnerista.
Según se informó, De Vido deberá continuar bajo un estricto sistema de control y vigilancia electrónica mediante el uso obligatorio de una tobillera electrónica.
El ex ministro cumple una condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa vinculada a la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012 que dejó 52 muertos y cientos de heridos.
De acuerdo con la resolución judicial, el beneficio fue concedido debido a problemas cardíacos y enfermedades crónicas que requieren controles médicos y tratamientos permanentes.
El traslado fue coordinado por el tribunal de ejecución y se concretó durante la tarde de este lunes, luego de cumplirse los trámites correspondientes para implementar el monitoreo electrónico en el domicilio fijado por el ex funcionario.
Cabe recordar que en los últimos meses la defensa de De Vido había presentado distintos pedidos para acceder al arresto domiciliario, los cuales inicialmente fueron rechazados por la Justicia al considerar que el Servicio Penitenciario Federal podía garantizar su atención médica dentro del complejo penitenciario.
Sin embargo, tras nuevas evaluaciones médicas y la intervención de Casación, finalmente se resolvió otorgarle el beneficio para que continúe cumpliendo la condena en su vivienda de Zárate.
Además de esta condena, el ex ministro enfrenta otras investigaciones judiciales y procesos vinculados a presuntas causas de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.




