La Cámara Federal de Resistencia mantiene a Ariel Sosa en la capital chaqueña
La Cámara Federal de Resistencia confirmó la resolución de primera instancia que impide el traslado de Ariel Sosa, acusado de liderar un clan vinculado al narcotráfico, desde la Unidad 7 de Resistencia hacia el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Sosa se encuentra procesado por lavado de activos relacionados con el tráfico de drogas y continuará detenido en Resistencia mientras avanza la investigación judicial en su contra.
El acusado estuvo prófugo durante casi tres años, hasta que fue capturado en junio pasado en Lomas de Zamora. La detención se produjo cuando la Policía Bonaerense interceptó una camioneta Toyota Hilux negra, en un operativo que contó con la colaboración del Centro de Monitoreo local a través de un lector de patentes.
Al momento de su arresto, Sosa llevaba consigo una cédula que acreditaba nacionalidad brasileña.
¿Quién es Ariel Sosa?
Ariel Alberto Sosa, nacido el 7 de enero de 1983, fue capturado en junio de 2025 tras permanecer prófugo más de tres años, acusado de integrar el entramado de lavado de activos y asociación ilícita del denominado clan Sosa, una organización criminal con base en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Era buscado desde 28 de abril 2022 y con su captura ya solo quedan dos prófugos del clan: Sergio Omar Fernández, el marido de Mariela Sosa, hermana del ahora detenido y con domiciliaria porque tiene niños pequeños; y Hernán Acosta, el cerebro de la banda y quien creó una financiera para lavar la plata.
“Alberto era uno más de la banda, no sobresalía. Era más bien violento, rústico. Tiene un par de enfrentamientos armados y la herida de un balazo en la pierna como recuerdo”, contaron fuentes judiciales.
Según la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal de Sáenz Peña de Carlos Amad, el grupo habría operado durante más de una década en maniobras vinculadas al narcotráfico y al posterior blanqueo de bienes y capitales obtenidos de manera ilícita.
El clan Sosa
La causa tuvo su punto de partida en noviembre de 2020, a raíz de una presentación contable hecha por un profesional ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña, en la que se consignaba que Ana María Flamenco, madre de Ariel Sosa, había generado ingresos brutos por casi 18 millones de pesos en apenas doce meses.
Aquella certificación activó una primera hipótesis de maniobra irregular y disparó una serie de actuaciones que involucraron a varios miembros del grupo familiar.
En paralelo, la Policía Federal recibió una denuncia anónima en la que se aportaban datos sobre una familia con el apellido Sosa, presuntamente involucrada en actividades de transporte y comercialización de estupefacientes en grandes cantidades, así como en operaciones para introducir al circuito económico formal los bienes obtenidos de esas actividades.
A partir de allí, el fiscal Carlos Amad ordenó el entrecruzamiento de datos patrimoniales, migratorios y societarios con organismos como la AFIP, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Caja de Valores, entre otros.
De esa batería de medidas surgieron evidencias que vincularon a los integrantes del clan con la adquisición y manejo de un gran número de vehículos, inmuebles, terrenos fiscales, emprendimientos inmobiliarios y locales comerciales, en algunos casos utilizando testaferros, contratos simulados o evitando formalizar las transferencias de dominio.
En función de estas pruebas, la fiscalía solicitó el 26 de abril de 2022 la detención e indagatoria de Ariel Sosa, su madre Ana María Flamenco, sus hermanos Lucas Matías y Hugo Sebastián Sosa, y otras personas del entorno familiar, como Mariela Alejandra Sosa, Lía Vanesa Ruth Paz y Sergio Omar Fernández.
Dos días después, el 28 de abril, se ejecutaron 23 allanamientos simultáneos, durante los cuales solo fue arrestado Lucas Matías Sosa, quien recientemente fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia a siete años de prisión por su rol en el esquema de lavado.
El juez Juan Manuel Iglesias, a cargo del proceso, también dispuso el decomiso de los bienes vinculados al delito y la aplicación de una multa equivalente al doble del valor lavado.
Durante el juicio, el fiscal Federico Carniel sostuvo que el clan operó entre 2009 y 2022, y que se valió de una red integrada por la familia Sosa y sus allegados, quienes “funcionalmente han intervenido para insertar, canalizar y recircular los fondos que se originaron del narcotráfico”.
Según sus palabras, se trató de una organización que con el paso del tiempo “se perfeccionó” mediante una serie de transacciones cada vez más complejas y estructuradas, tendientes a disimular el origen del dinero e impedir su rastreo.
La figura del padre, Juan Alberto Sosa, ya fallecido, aparece como el líder original de la organización, según reconstruyó la fiscalía. Una parte de los bienes fue inicialmente justificada con ingresos supuestamente generados por él. Cuando esa vía no era suficiente, los implicados habrían recurrido a nombres falsos, operaciones simuladas o contratos encubiertos para mantener el control sobre el patrimonio, sin que quedara evidencia legal del vínculo real.
