La Corte Suprema habilitó el juicio contra el gendarme acusado de simular un atropello durante una protesta
La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo presentado por la defensa de Juan López Torales, el efectivo de Gendarmería conocido como el “gendarme carancho”, y dejó firme el avance de la causa hacia el juicio oral por un episodio ocurrido durante una manifestación sobre la autopista Panamericana en 2014.
El caso se originó el 1 de julio de 2014, durante una protesta de trabajadores de la empresa autopartista Lear en el partido bonaerense de Tigre. En ese contexto, López Torales se acercó a un automóvil conducido por Cristian Romero y protagonizó una maniobra que quedó registrada en imágenes.
Las grabaciones fueron incorporadas a la investigación y permitieron reconstruir lo ocurrido. Según la acusación, el efectivo habría simulado haber sido embestido por el vehículo, tras lo cual otros integrantes de Gendarmería intervinieron y detuvieron al conductor.
A partir de esa reconstrucción, López Torales quedó imputado por privación ilegal de la libertad agravada por violencia y falso testimonio. La causa fue elevada a juicio en 2024, después de que su procesamiento fuera confirmado en instancias judiciales anteriores.
La defensa intentó evitar el debate oral mediante un planteo de prescripción. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 5 de San Martín y posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron ese pedido.
El expediente llegó entonces al máximo tribunal, que este jueves desestimó el recurso presentado por la defensa. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
De esta manera, quedó habilitado el avance del proceso judicial contra López Torales, que deberá responder en juicio por los hechos investigados.
La causa también tuvo otras derivaciones durante la etapa de instrucción. En el expediente fueron mencionados el entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni y el coronel Roberto Galeano, aunque la situación procesal de López Torales es la que actualmente quedó alcanzada por la decisión de la Corte sobre el planteo de prescripción.
El episodio había adquirido repercusión pública por la existencia de registros audiovisuales que permitieron observar la secuencia y que posteriormente fueron utilizados como elemento central en la investigación judicial.
