La IGJ rechazó designar veedores en la AFA y la Liga Profesional y calificó el pedido como prematuro
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió rechazar el pedido para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la Liga Profesional de Fútbol, una solicitud impulsada por la diputada porteña Graciela Ocaña. La decisión fue firmada por el titular del organismo, Daniel Vítolo, y se apoyó en fundamentos legales y administrativos que, según la resolución, impiden avanzar con una medida de ese alcance en el actual estado de las actuaciones.
El planteo de Ocaña buscaba la designación de un veedor con facultades de supervisión sobre la gestión de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y de la Liga Profesional, con el argumento de garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir eventuales delitos en el manejo institucional. En su presentación, la legisladora sostuvo que una veeduría no afectaría la relación con la FIFA ni perjudicaría a la Selección argentina ni a los clubes.
Sin embargo, la IGJ consideró que el pedido resulta “prematuro”, ya que aún se encuentran en curso procesos administrativos iniciados a partir de observaciones formuladas sobre balances presentados por ambas entidades. Según el organismo, todavía no vencieron los plazos legales para que la AFA, la Liga Profesional y los auditores que firmaron los estados contables respondan a las intimaciones realizadas, un término que se extiende hasta fines de enero de 2026.
En la resolución, la IGJ remarcó además que no tiene competencia para disponer una intervención administrativa, ni siquiera en grado de veeduría, sobre asociaciones civiles como la AFA y la Liga Profesional. Ese tipo de decisiones, aclaró, son atribución exclusiva del Ministerio de Justicia. En ese sentido, el organismo subrayó que no puede recomendar ni impulsar una medida extraordinaria sin que se hayan agotado previamente las instancias administrativas en trámite.
Otro de los argumentos centrales fue que avanzar con una veeduría en este momento podría interferir con investigaciones judiciales en curso vinculadas al funcionamiento de la AFA. La IGJ advirtió que una medida de ese tipo podría superponerse con actuaciones dispuestas por tribunales y afectar el normal desarrollo de las causas abiertas.
Asimismo, el organismo cuestionó el alcance del pedido presentado por Ocaña, al señalar que se trata de una solicitud “absolutamente genérica”, sin referencia a hechos concretos que justifiquen la designación de un veedor informante. Según la resolución, el planteo apunta a un control global de la regularidad institucional, algo que excede las facultades del ente de contralor.
El rechazo de la IGJ se produce en un contexto de fuerte atención pública sobre la situación institucional del fútbol argentino y de recientes requerimientos del organismo a la AFA y la Liga Profesional para que expliquen distintos aspectos de sus balances. Por ahora, la Inspección General de Justicia decidió mantener el proceso administrativo vigente y aguardar las respuestas formales antes de definir eventuales pasos a seguir.
La resolución deja expuestos los límites legales de la intervención estatal sobre asociaciones civiles deportivas y traslada el foco a las contestaciones que deberán presentar la AFA y la Liga Profesional en las próximas semanas, así como a las definiciones que puedan surgir desde el ámbito judicial.
Con información de Infobae
