Lavado de dinero: la Justicia apunta a la millonaria flota de vehículos del Clan Sena

La causa federal por lavado de activos que tiene como principales imputados a Emerenciano Sena y Marcela Acuña avanza sobre un punto clave: el patrimonio automotor del matrimonio, compuesto por camionetas, camiones y vehículos de alta gama que, según la investigación, no guardan relación con los ingresos formales de la pareja.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Patricio Sabadini, Sena habría utilizado la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña como estructura para canalizar fondos públicos desviados, trabajando casi exclusivamente con el Estado provincial, facturando cifras crecientes año tras año: más de $35.125.194 al Ministerio de Infraestructura y más de $15.368.385 al IAFEP en 2022, llegando en 2023 a facturar $186.032.861 al mismo organismo y transformarlos en bienes registrables, en particular una flota de rodados adquiridos entre 2015 y 2023.

En el expediente se detalla que, a lo largo de esos años, el dirigente social incorporó sucesivas camionetas y vehículos utilitarios de alto valor económico:

• Una Toyota Hilux 4×4 SRV Limited, modelo 2015, en cotitularidad.

• Una Ford F-100 diésel, también de 2015.

• Un camión Ford F350, adquirido en 2016.

• Una Toyota Hilux SRX 2.8 TDI, modelo 2017, en cotitularidad.

• Un acoplado, comprado en 2019.

• Otra Toyota Hilux SRX 2.8 TDI, modelo 2020, también en cotitularidad.

• Y una Toyota Hilux SRX 2.8 TDI, modelo 2023, valuada en $19.662.276, último vehículo inscripto a nombre del matrimonio.

La progresión del valor de las unidades revela un crecimiento abrupto del poder adquisitivo del clan: de un rodado que apenas superaba el medio millón de pesos en 2015 a una camioneta cercana a los 20 millones en 2023.

A su vez, Marcela Acuña aparece como titular de una Toyota Hilux 4×2 DX doble cabina, modelo 2016, dominio ECV705, que se suma a la lista de vehículos vinculados al grupo familiar.

Uno de los rodados, una Toyota Hilux doble cabina identificada como DJ-09 en los registros judiciales, quedó en el centro de la escena a partir de los allanamientos realizados en 2023 en el marco del expediente FRE 5132/2023.

En ese procedimiento, la camioneta fue incautada mientras era utilizada por el abogado Ricardo Osuna, defensor de Sena en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras las actuaciones, la Justicia Federal ordenó que la Hilux fuera entregada a la Policía del Chaco, que la incorporó a la División Patrulla Fluvial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que se trata de un caso concreto de reutilización social de bienes vinculados a maniobras ilícitas, ya que un vehículo adquirido en el marco del patrimonio del clan pasa ahora a formar parte del equipamiento destinado a tareas de seguridad.

La investigación también avanzó sobre las operaciones realizadas por la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, conducida por Sena y Acuña. Según el Ministerio Público Fiscal, la organización recibió entre 2015 y 2023 cientos de millones de pesos provenientes de distintos organismos provinciales y del IAFEP, y una parte de esos recursos se habría destinado a la compra de vehículos.

En la causa se enumeran las siguientes adquisiciones a nombre de la fundación:

• Camión Mercedes Benz Atego 1721 (2023), por $39.710.000, adquirido con un aporte específico del IAFEP, originalmente destinado a viviendas sociales.

• Mercedes Benz Sprinter 310 (2020).

• Rastrojero Diesel C-66 (2015).

• Mercedes Benz L-1518 (2012).

• Motomel B110 (2011).

Uno de los puntos que más preocupó a la Fiscalía es el recorrido del camión Atego: el vehículo, comprado con fondos públicos dirigidos a la construcción de viviendas, habría sido luego ofrecido como dación en pago para cubrir incumplimientos justamente en esas obras, que nunca se llevaron a cabo.

Los peritajes contables incorporados al expediente describen una serie de movimientos que, para Sabadini, configuran el núcleo de la maniobra de lavado y fraude a la administración pública:

• Retiros constantes de efectivo de las cuentas de la fundación, mayormente realizados por Emerenciano Sena, que impiden seguir la trazabilidad del dinero.

• Sobrefacturación, aumentos “inverosímiles” de costos y una fuerte diferencia entre los montos desembolsados por el Estado y los gastos oficialmente rendidos.

• Un faltante superior a los 62 millones de pesos en los fondos vinculados a programas de viviendas sociales.

En paralelo, el fiscal subraya la incompatibilidad entre los sueldos estatales de Sena y Acuña —y su limitada actividad declarada como contribuyentes— y el volumen de bienes detectados: múltiples rodados, inmuebles, viajes al exterior y una capacidad de consumo que no se condice con lo registrado ante los organismos tributarios.

La fundación, que fue intervenida y posteriormente disuelta por el Gobierno del Chaco, nunca justificó el destino del dinero asignado para la construcción de al menos 40 viviendas sociales, obras que, según la documentación reunida, quedaron inconclusas o directamente no se iniciaron.

Mientras Emerenciano Sena y Marcela Acuña permanecen detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la elevación a juicio de esta causa federal por lavado de activos y desvío de fondos públicos abre un nuevo capítulo judicial para el clan.

El expediente por lavado se suma a las acusaciones por corrupción, fraude a la administración pública y explotación laboral, y expone un esquema en el que fondos estatales destinados a políticas sociales habrían terminado convertidos en camionetas, camiones y patrimonio personal, profundizando el derrumbe del entramado político, económico y social que el grupo construyó durante años en la provincia.