Opinión: La Mafia Judicial, el poder político en Villa Angela

Por: Dr. Lelio Bogado – Abogado

Una trama de extrema gravedad institucional conmociona a la provincia del Chaco. Lo que comenzó como una maniobra de asfixia y falsificación de documentos se ha transformado en una causa penal de escala federal, denunciando una presunta red de corrupción que involucra a un conocido testaferro local insolvente, influyentes abogados vinculados de forma directa a la cúpula política chaqueña y una red de jueces y fiscales cómplices. El perjuicio económico estimado asciende a la impactante cifra de $9.300.000.000 (nueve mil trescientos millones de pesos) o su equivalente de U$S 6.000.000 seis millones de dólares estadounidenses, afectando el patrimonio histórico de la empresa familiar SEAN S.A., bajo la presidencia del Dr. Osvaldo Lelio Bogado. 

El Origen del Fraude: Una Intimación Ilegítima y la Traición Profesional 

La operatoria criminal se inició en el año 2.013, de manera forzosa cuando la firma SEAN S.A. recibió una carta documento proveniente de una escribanía a cargo del señor Castillo Hugo. En dicha notificación, se exigía y obligaba de forma coactiva a las autoridades de la empresa a presentarse para firmar tres boletos de compraventa supuestamente depositados en esa escribanía. SEAN S.A. desconoció y negó rotundamente en todo momento la existencia y validez de dichos instrumentos, denunciando de inmediato el abuso y la falsificación de firmas ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Villa Ángela, a cargo de la fiscal Gisela Oñuk, la cual ordenó el rechazo in limine y el archivo en tiempo récord, causa que desestimó la denuncia de la firma SEAN S.A. En ese período, el abogado que asesoraba a la firma damnificada era el Dr. Heriberto Esteban Bordón. Mientras ejercía la representación de SEAN S.A. en causas paralelas ante el banco HSBC en la ciudad de Resistencia, Bordón jugaba un doble rol clandestino: trabajaba en absoluta simultaneidad para el presunto beneficiario Testaferro de la venta de esos tres boletos de compraventa apócrifos, el ciudadano y muy conocido Andrés Tito Zorian. 

El Peso del Poder Político y el Blindaje Judicial de Origen 

El Dr. Heriberto Bordón no es un actor menor en el escenario chaqueño; se trata de un encumbrado referente político del Partido Justicialista local, ex precandidato a intendente de Villa Ángela y catalogado en las presentaciones judiciales como discípulo directo de la línea de Jorge Milton ‘Coqui’ Capitanich. Valiéndose de esta enorme influencia política y de sus aceitados vínculos en los tribunales provinciales, Bordón habría coordinado el andamiaje necesario para blindar la operación inmobiliaria y asegurar el despojo de los campos e inmuebles urbanos. 

Una vez que se formalizó el litigio judicial (2.013), Bordón se presentó ante los tribunales locales provisto de un ‘Poder Especial’ en representación del presunto testaferro Andrés Tito Zorian, actuando en perfecta coordinación con las autoridades de turno. Para terminar de desproteger a las víctimas, el abogado contratado por SEAN S.A. para repeler la agresión, el Dr. Emilio Ricardo Frey, incurrió en una omisión total de defensa: no 

contestó la demanda de escrituración compulsiva ni se presentó al juicio de conciliación para defender los derechos de la firma que en su momento se podía. Tiempo después, la empresa descubrió el motivo del abandono: el Dr. Frey mantenía un vínculo histórico como abogado permanente de la propia familia Zorian. 

La Incoherencia Matemática del Testaferro 

La denuncia penal federal unificada desnudó una contradicción fiscal insalvable que rompe cualquier lógica contable de la Unidad de Información Financiera (UIF). El supuesto comprador y testaferro por sentencia y adquirente de las tierras, Andrés Tito Zorian, figuraba en el año 2013 como un jubilado ordinario que percibía el haber mínimo legal (aproximadamente $1.200 de la época), inscripto en la categoría más baja del Monotributo y registrado formalmente como beneficiario del subsidio social de la ‘Garrafa Social’, misma situación que sigue teniendo al 2.026. 

La matemática forense demuestra un desvío contable absoluto del 100%: es una imposibilidad material, económica y fiscal que un ciudadano en condición de indigencia impositiva disponga de fondos legítimos para adquirir casi 1.000 hectáreas en plena producción intensiva ganadera (constitutivas del histórico Establecimiento ‘La Delicia’, ubicado sobre asfalto a 15 kilómetros de Villa Ángela) y dos lujosos inmuebles urbanos céntricos, donde el poder judicial de Villa Ángela, por orden y pedido del abogado Bordón, hacían ojos ciegos a los respectivos informes y orígenes lícitos para que la sentencia de escrituración se efectivizase, manteniendo el blindaje a la vez para proteger a sus colegas. 

El ‘Mecanismo de Pinza’ del Poder Judicial Provincial 

Ante las recusaciones e impugnaciones interpuestas por las víctimas, los tribunales civiles de Villa Ángela habrían operado en bloque para convalidar el fraude. En primera instancia, el Juez en lo Civil y Comercial Nº 2, Dr. Pablo Iván Malina, dictó la Sentencia de Escrituración Condenatoria Nº 3 ordenando la transferencia compulsiva de los diez inmuebles de SEAN S.A. Para ello, fundó deliberadamente su fallo en fotocopias simples sin certificar de actas de asamblea y en un Poder Especial de Administración del año 2011 que carecía por completo de facultades expresas para vender o enajenar bienes inmuebles por parte de la firma SEAN S.A. 

Posteriormente, la Sala Única de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Ángela 

—integrada por la Dra. Patricia Natalia Rocha, el Dr. Diego Alberto Caballero y el Dr. Sergio Marcelo Rundio—procedió a convalidar en bloque el fallo de primera instancia mediante la Sentencia Nº 63 del 30 de septiembre de 2021, omitiendo la revisión del derecho vigente y las flagrantes inconsistencias impositivas e impositivas federales. 

El blindaje judicial se replicó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Hugo Orlando Aguirre, quien rechazó de manera automática e in límine la Acción Autónoma de Nulidad Absoluta promovida para frenar el saqueo patrimonial. El mismo patrón de rechazo sistemático aplicaron los magistrados subrogantes (Dr. Luis Alberto Gutiérrez, Dra. Mariela Contreras y Dr. Ricardo González Mehal) cada vez que se intentó apartar a los jueces naturales por manifiesta parcialidad. Cabe destacar que las más de 40 o 50 Recusaciones, apelaciones y Recursos presentados por la firma SEAN fueron el 100% rechazados quedando sin capacidad de defensa en esta circunscripción. 

La Trampa Definitiva: El Blindaje Colectivo y el Cierre del Círculo de Impunidad 

Al verse completamente desprotegidos y notar que ningún recurso o reclamo dentro de los juzgados civiles tenía éxito —ya que todas las presentaciones eran rechazadas sistemáticamente—, los damnificados decidieron avanzar con una serie de denuncias penales contra los propios jueces civiles y camaristas de Villa Ángela. Sin embargo, la organización ya tenía planificada la jugada de resistencia: según se denuncia, el entramado de poder estaba completamente arreglado de antemano para que las Fiscalías Penales locales operaran como un escudo final. El objetivo de esta maniobra era lograr que los fiscales de Villa Ángela desestimaran y archivaran de inmediato todas las denuncias criminales contra los magistrados civiles, impidiendo bajo cualquier concepto que las causas salieran de la ciudad o llegaran a esferas superiores de investigación. 

Con este blindaje criminal cerrado desde adentro, la red se garantizaba que la causa quedara sepultada bajo un esquema corporativo local. Al mantener todo el conflicto bajo el control absoluto del fuero de Villa Ángela y bloquear cualquier vía de revisión limpia, los involucrados lograron asegurar la impunidad de la maniobra, allanando el camino final para consumar definitivamente el multimillonario despojo de las tierras e inmuebles de la firma familiar sin ningún tipo de control externo. 

La Conexidad Federal y el Pedido de Auxilio al Gobierno Nacional 

La impunidad local sumó la intervención de la Escribana María Clara Alegre de Vancorbeil (Titular del Registro Notarial Nº 6), quien ejecutó bloqueos registrales indiscriminados ante el Registro de la Propiedad Inmueble de Sáenz Peña sobre matrículas ajenas al juicio original relacionadas a SEAN S.A., avanzando con protocolizaciones registrales indicadas por el Poder Judicial (Juez Malina) bajo la estela de la promesa de impunidad ofrecida por ellos, cuando la escribana tenía conocimiento absoluto de los requisitos faltantes por lo cual no podían escriturar. 

Due al quiebre total de las garantías institucionales en el fuero provincial, el Dr. Osvaldo Lelio Bogado acudió de manera autónoma ante la Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, interponiendo una gravísima denuncia por Lavado de Activos Agravado, Evasión Impositiva Colectiva y Asociación Ilícita Criminal, solicitando la intervención directa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), la PROCELAC y la UIF. Los denunciantes fundamentan su recurso en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual determina que las sentencias dictadas obviando los controles informáticos de orden público federal (como la falta absoluta del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles – COTI) carecen de validez y son nulas de nulidad absoluta. 

Ante las graves amenazas de criminalización y los intentos de detención y encarcelación preventiva a integrantes de SEAN, promovido por el abogado Bordón mediante ‘fiscales amigos’ de Villa Ángela (Bordón S/Denuncia C/Bogado O. Lelio 2900/2026 Fisc. Nro. 3) para silenciar el reclamo, SEAN S.A. formula un enérgico y desesperado llamado de auxilio público a la ciudadanía y al Ministerio de Justicia de la Nación para frenar un despojo amparado por el poder político local. 

Apéndice Probatorio: Cronograma Documental de Denuncias Sustanciadas

Dr. Osvaldo Lelio Bogado

DNI 5520722