PAMI audita sus delegaciones para cortar con el uso político y posibles desvíos de fondos
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció una profunda revisión en sus delegaciones en todo el país, con el objetivo de erradicar prácticas discrecionales, clientelismo y abusos heredados de gestiones anteriores.
«Las delegaciones de PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política», dice el título del comunicado que se subió este miércoles por la tarde en X.
Según un comunicado oficial, las autoridades del organismo detectaron un uso «llamativamente elevado» de las denominadas vías de excepción, un mecanismo reservado para casos extraordinarios como la provisión de medicamentos o tratamientos. No obstante, se identificó que este recurso se utilizaba en muchos casos para eludir licitaciones y procedimientos formales, lo que abría la puerta a manejos opacos y posibles desvíos de fondos públicos.
«Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja. Usaron el Instituto para hacer negocios y montar estructuras clientelares en cada rincón del país», sostiene el texto. Frente a ese diagnóstico, la actual gestión inició una investigación interna para detectar irregularidades, y advirtió que, de confirmarse, se aplicarán sanciones. «No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley», enfatizó el organismo.
Desde la conducción de PAMI aseguran que esta intervención forma parte de una política orientada a “desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios”, ordenando el Instituto y garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
“El tiempo de la impunidad se terminó”, concluye el documento, que remarca el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la defensa de los intereses de los afiliados.
