Pensiones truchas en Salta: amplían la investigación y realizarán nuevas pericias
La Justicia Federal de Salta declaró de carácter complejo la causa que investiga el presunto otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González, lo que permitirá ampliar las medidas de investigación tras los 17 allanamientos realizados y el secuestro de aproximadamente ocho millones de pesos.
La resolución fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, quien conduce la investigación iniciada en mayo de 2024. Según la magistrada, el expediente cumple con los criterios de complejidad previstos en el Código Procesal Penal Federal, por el número de personas involucradas, la magnitud de los hechos y la cantidad de documentación a analizar.
Durante los allanamientos realizados en distintos puntos de Joaquín V. González, se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Actualmente, hay 22 personas bajo investigación y se revisan cerca de 10.000 expedientes de pensiones, que podrían haber sido otorgadas de manera irregular.
El caso se originó tras detectar un esquema similar al descubierto en febrero de 2023 en Taco Pozo, Chaco, donde se probó un fraude en la tramitación de pensiones por discapacidad. En Salta, los investigadores sospechan que operaba un mecanismo análogo que habría permitido el otorgamiento irregular de estos beneficios.
En el plano procesal, la jueza denegó un pedido de dos de los investigados que solicitaban acceso al legajo de la causa antes de la formalización de las imputaciones, aunque sí autorizó que las defensas sean informadas sobre los hechos investigados y las personas involucradas.
El Ministerio Público Fiscal señaló que la declaración de complejidad permitirá ampliar los plazos de investigación, realizar nuevas pericias y profundizar en el circuito de otorgamiento de las pensiones. Además, se busca determinar el perjuicio económico al Estado y las responsabilidades de médicos, gestores y funcionarios que habrían intervenido en la maniobra.
La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal Carlos Martín Amad, con el apoyo de fuerzas federales, y se prevé que en los próximos meses se formalicen las imputaciones a los principales sospechosos.
